"Celebramos que vinieron por primera vez y tuvieron contacto con las víctimas de Milagro Sala, a quienes antes no habían escuchado cuando elaboraron el informe que se conoció en diciembre", sostuvo Burgos en un comunicado y defendió lo actuado por la Justicia jujeña. 

 

"Se ha apegado a los principios rectores de la ONU sobre prisiones preventivas, que establece que deben ser dictadas siempre como última medida, que es cuando se puede dar la obstrucción del procedimiento o el peligro de fuga", consideró. Y, tras recordar que el grupo de trabajo llegó porque fue invitado por las autoridades nacionales y provinciales, y detalló que pudieron observar de primera mano la "vulneración permanente de derechos humanos de parte de Sala y sus seguidores". 

 

Por otro lado, Burgos cuestionó que "antes de tener contacto con el fiscal de la acusación, ellos plantearon que no iban a revertir la posición que tomaron sobre la detención" de la referente social y destacó que "se les proveyó de toda la información, de todo lo actuado, se le dio todo lo que pidieron". Además, agregó que durante esos intercambios, tanto el gobernador Gerardo Morales como los funcionarios judiciales que intervinieron en los expedientes abiertos contra Sala "se tomaron todo el tiempo necesario para explicar cómo se procedió en cada una de las causas". 

 

En ese sentido, aseguró que "además de los ilícitos por los que está acusada Sala, hubo una vulneración permanente de derechos humanos de parte de Sala y sus seguidores, muchas de sus víctimas fueron sometidas a condiciones de servidumbre incluso", finalizó. 

 

Vale recordar que, los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas Elina Steinerte y Sètondji Roland Adjovi, quienes se habían entrevistado unos días antes con Sala en el penal de Alto Comedero, advirtieron que si no se produce la liberación de la líder de la Tupac Amaru, eso se "va a reflejar en el informe anual (del grupo) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU".