Cumplidos los 120 días de plazo que estableció la Corte Suprema para que el poder legislativo sancione una ley, que nunca se concretó, Horacio Rosatti asumió como presidente del Consejo de la Magistratura, que volverá a la composición de 20 miembros. Al respecto, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez defendió la decisión del máximo tribunal: “La Corte Suprema es el último intérprete de la Constitución Nacional, dictó un fallo que adquirió firmeza y ordenó determinada cuestiones. Tiene fuerza normativa y, como tal, no se discute; nunca la institucionalidad puede dar un golpe”, dijo el letrado en una entrevista con Real Politik Radio.

 

De este modo, continuó argumentando su postura: “La Corte estableció la inconstitucionalidad de una ley y le dio al Congreso un plazo para que dictara otra normativa. Al no sancionarla, la Corte reestableció una ley derogada”. En cuanto a la atribución del máximo tribunal de poner en vigencia una normativa antigua, explicó: “El control de constitucionalidad tiene efectos retroactivos, es posible ir para atrás cuando una ley o decreto se descalifican”.

 

Críticas y una posible solución

 

No obstante, Gil Domínguez cuestionó los tiempos dictaminados por la Corte: “Generó un problema con los otros poderes porque nunca puso un plazo tan corto, tan fatal, con efectos concretos si no se cumplía”. Y agregó: “Esta causa tramitó 16 años en la Justicia y 4 en la Corte Suprema, pero ahora se resolvió que en tan solo 120 días el Congreso tenía que sancionar una ley”.

 

Consultado por el trasfondo de esta medida, opinó: “Yo no puedo analizar las intencionalidades porque estas son totalmente subjetivas. Sí puedo analizar lo que hizo la Corte en relación a sus antecedentes, y las consecuencias que genera”. Asimismo, avizoró: “Con el arribo de la confrontación política y no del diálogo, se puede llegar a la paralización del Consejo de la Magistratura hasta el 2023”.

 

“Hay una disputa de poder político, una acumulación de desmesuras por parte del poder judicial y el legislativo. Para salir de esto, el único camino debilitado es que Sergio Massa, como presidente de la Cámara de Diputados, le pida a la Corte Suprema una ampliación del plazo para sancionar una ley”, recomendó. Sin embargo, aclaró: “Esto lo tendría que haber hecho la semana pasada, ahora la Corte está muy empoderada”.

 

El rol de Alberto Fernández

 

“El poder ejecutivo cumplió con su proyecto de ley que el Congreso no lo trató, en este punto no puede hacer más nada. El problema es el ministro de Justicia (Martín Soria) que tiene, que pierde 6 a 0 todos los partidos y no adelanta absolutamente nada, no hace política preventiva”, criticó. En este sentido, desarrolló: “Lo peor que puede pasar es no llevar al recinto un proyecto o no presentar una candidata para cubrir la vacante de la Corte Suprema, porque así ni siquiera se genera el debate político por miedo a ser abucheado ni se construye política en forma madura”.

 

Finalmente, evaluó cuál sería la mejor composición del Consejo de la Magistratura según su punto de vista: “Tienen que haber 9 u 11 integrantes, pero sobre la base de un gran acuerdo político nacional que reestructure todo el funcionamiento del tribunal, no solamente el de los miembros sino también de la Corte Suprema”. Y concluyó: “Una nueva refacción no le haría bien a nadie”.