“Compartimos en ese sentido los motivos explicitados por el Ministerio de Defensa Nacional, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, los ex combatientes de Malvinas y otras tantas organizaciones del ámbito tanto público como privado”, indicó.
“Este repudio lo hacemos desde el convencimiento y la clara convicción de que ninguna razón justifica la integración de un grupo que desafíe a la conducción oficialmente instituida de las fuerzas de seguridad, con una clara y peligrosa actitud antidemocrática”, dijo Fasce
“Además exteriorizamos nuestra más profunda preocupación, puesto que la actitud asumida por quienes integran dicha ‘mesa de enlace’ evidencian una notoria pretensión, como mínimo, de erosionar la política de defensa impulsada por el Gobierno nacional y afectar la gobernabilidad y las instituciones democráticas”, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos provincial.
Recordemos que la agrupación, denominada Mesa de Encuentro Libertador General San Martín, reúne a personal ya alejado de las Fuerzas Armadas y de seguridad, junto a autoridades de sociedades y mutuales de uniformados. Y es liderada por el general retirado Ernesto Bossi.
En el documento de lanzamiento, realizado el miércoles pasado, la mesa se presentó como “un espacio federal” que aspira a representar ante la dirigencia política y la opinión pública “a los centenares de miles de uniformados que viven y cumplen servicio en todo el territorio nacional”.
Sin embargo, el ministro de Defensa nacional, Agustín Rossi, aseguró que “esta Mesa de Enlace militar pretende incidir sobre las políticas del gobierno y busca conspirar, desestabilizar y desgastar”.
El funcionario trazó, de ese modo, un paralelo con la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias, que durante cuatro meses de 2008 mantuvo un áspero conflicto con la Nación por su decisión de implementar las retenciones móviles.
“El único comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación (Alberto Fernández), elegido por el voto popular. La democracia no puede legitimar ese espacio, que tiene que disolverse. Hacen operaciones políticas contra el Estado argentino”, continuó Rossi, en declaraciones a LT8.
El ministro recordó que los integrantes de la mesa “cobran por mes entre 200 mil y 300 mil pesos”, razón por la cual enfatizó que Defensa no permitirá una eventual utilización de los fondos que el Estado nacional destina a los salarios de las Fuerzas Armadas “para financiar operaciones políticas”.
Al respecto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que la Mesa de Encuentro Libertador General San Martín pretende “desestabilizar en medio de un momento difícil, con una pandemia y un país económicamente destruido”. Y acusó a sus miembros de seguir “soñando con el poder dictatorial”.
En ese sentido, el Espacio Juicio y Castigo Rosario cuestionó con dureza “la aparición intimidatoria de un grupo de militares y policías retirados que, por los antecedentes de sus integrantes, no puede tener otro objetivo que desestabilizar la convivencia democrática”.
Asimismo, el comunicado del espacio recordó que sobre las Fuerzas Armadas y de seguridad “todavía quedan pendientes reformas profundas”. Y repasó: “Los levantamientos carapintadas al inicio de la recuperación de la democracia, las permanentes provocaciones de ex militares que se oponen a los juicios por crímenes de lesa humanidad, el gatillo fácil, la violencia institucional y las recientes asonadas policiales son claras demostraciones de esa deuda”.
El malestar se centró en las figuras de Bossi y el general Daniel Reimundes (Sociedad Militar Seguro de Vida), ligados a una conspiración desbaratada en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner.