En la última reunión, se decidió introducir modificaciones en los artículos que integran el Título XI del actual código, en el que están previstos los delitos de corrupción. Es por esto que el Gobierno, a través del director de Política Criminal, Carlos González Guerra, avala todos los cambios. El cuerpo de juristas, presidido por el juez de Casación Penal Mariano Borinsky, consensuó que en un capítulo que se llamará "Delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y equivalentes" se agruparán los delitos de cohecho, dádivas, tráfico de influencias, soborno trasnacional, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, entre otros.

 

En ese sentido, explicaron que en su mayoría contemplarán penas más graves. Así, mientras hoy el máximo es de 6 años, las penas serán de hasta 10 años de prisión. Y también se endurecerá el mínimo a tres años de prisión. De esta manera, se reduciría el margen de que un funcionario que protagonice un caso de corrupción logre evitar la cárcel.

 

Asimismo, adelantaron que se está evaluando la incorporación de un inciso que imponga, para personas condenadas por delitos de corrupción, un límite en los beneficios al régimen de cumplimiento de la pena, como las salidas transitorias y la libertad condicional. Incluso, en el nuevo proyecto se plantea un cambio sustancial para la persecución del delito de enriquecimiento ilícito.

 

Además, se ampliará el período "relevante” en el que el funcionario público deberá dar explicaciones por el aumento no justificado de su patrimonio. Por ejemplo, en el Código Penal actual no se incluye el período entre la fecha de la elección y la de la asunción en el cargo, algo que la comisión decidió agregar en el nuevo texto. Y hay más: se explicita que los funcionarios deberán dar explicaciones por su patrimonio hasta 6 años después de dejar sus cargos. Esto apunta a terminar con la triangulación de fondos con testaferros.

 

Otro punto que se introducirá es el recupero de los bienes del Estado para reparar el daño generado a la sociedad por consecuencia de actos de corrupción. Por eso, el nuevo proyecto propondrá ampliar los supuestos en los que se podrá proceder al decomiso y se agrega la posibilidad del decomiso definitivo antes de la condena, siempre que se cumplan determinados requisitos procesales.

 

"La nueva tipificación de los delitos de corrupción va a estar acorde a los intereses vitales de la sociedad y las convenciones internacionales", destacó Borinsky, ya que la comisión decidió la ampliación de la jurisdicción de la justicia argentina para investigar los delitos de corrupción: se introduce el principio de "nacionalidad activa y pasiva", en línea con recomendaciones de la OCDE. Con lo cual, la Justicia argentina podrá intervenir en casos de corrupción ocurrida en otros países, como es el caso del caso Odebrecht en Brasil, cuando algún argentino haya participado de la comisión de esos delitos.