La mayor de las hijas mujeres del detenido empresario Lázaro Báez, Luciana, dijo desconocer por qué su familia aparece mencionada en una carta de un banco suizo en relación a una cuenta abierta en esa entidad y sugirió al juez federal Sebastián Casanello preguntarle a su padre.

 

"Seguramente sobre este tema debería VS interrogar a Lázaro Báez, pues, en lo que a mi respecta, desconozco las razones de dicha misiva", sostuvo Luciana en un escrito presentado este martes al ser indagada en los tribunales federales de Retiro, en la investigación conocida como la "ruta del dinero K".

 

Al rechazar los cargos, Luciana advirtió "que en una carta del Banco J. Safra Sarasin escrita en idioma francés, que no comprendo, se indicó en una parte 'familia Báez'", de acuerdo a la información enviada por la Justicia suiza en un pen drive al juzgado de Casanello, con respuestas a un exhorto cursado en la investigación.

 

Y sobre eso sugirió al juez preguntarle a su padre, detenido en la cárcel de Ezeiza y citado para el próximo 6 de junio a una ampliación de su indagatoria, según el escrito al que accedió Télam.

 

La mayor de las hijas mujeres de Báez se negó a responder preguntas y al igual que su hermano Leandro la semana pasada, rechazó los cargos, apuntó a su padre y se despegó de los negocios del grupo Báez.

 

"La imputación que se me atribuye carece de asidero", aseguró Luciana y sostuvo, al igual que cuando fue indagada en la causa el año pasado, que jamás participó de "un entramado societario destinado a realizar operaciones de lavado de dinero".

 

"Jamás he sido titular de una cuenta bancaria en el exterior, jamás he realizado actos de disposición de dinero en el exterior, jamás he operado una cuenta bancaria extranjera", afirmó.

 

Al igual que a los otros tres hijos de Báez, Luciana está imputada por haber formado parte de un "entramado societario, para realizar operaciones de lavado de dinero" con fondos ilegítimos que fueron expatriados y terminaron depositados en cuentas bancarias de la Confederación Suiza, entre otros países.

 

"Para confluir el dinero hacia allí, se habrían creado, adquirido y utilizado personas jurídicas e instrumentos financieros radicados en distintos Estados", detalló la acusación leída por el juez.

 

Los hermanos Báez aparecerían como "beneficiarios finales" de dos cuentas en el J. Safra Sarasin de Suiza, las 608927 y 608939, abiertas por una sociedad constituida en Panamá en el 2011 y en cuyo directorio estarían Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador de Lázaro Báez, respectivamente.

 

Pérez Gadín, a su vez, aparece en una cuenta también del J. Safra Sarasin de Suiza nº 608744, "que según lo informado por la Unidad de Información Financiera también serían sus beneficiarios finales: Leandro, Luciana, Melina y Martín Báez".

 

Luciana apuntó a su padre como el responsable de todas las decisiones del grupo Báez y remarcó que durante años ella trabajó en otras empresas y luego fue empleada administrativa de "Austral Construcciones" y cobraba su sueldo en el Banco Nación.

 

La hija remarcó que fue "apoderada" de Austral "por expreso pedido de Lázaro Báez".

 

Luciana sostuvo que entre 2007 y 2010 no trabajó y se dedicó "exclusivamente" a su familia, tras el nacimiento de su hijo menor, y que recién a mediados del 2012 ingresó a trabajar en Austral Construcciones como administrativa.

 

"Mi vida transcurrió por carriles muy diferentes a los que se aluden en el hecho imputado", concluyó.

 

Luciana, al igual que sus hermanos, ya fue indagada el año pasado por Casanello a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que dio cuenta de la existencia de cuentas en Suiza vinculadas a sociedades y empresas asociadas a los Báez.

 

Casanello no resolvió aquella vez sus situaciones procesales y ahora los citó a todos a ampliar sus indagatorias ante la nueva información llegada de manera oficial desde ese país.

Para mañana se espera a la otra hija mujer de Báez, Melina, la menor de los cuatro hermanos, y el jueves está citado a declarar Martín Báez.

 

En la causa se investiga el supuesto lavado de unos 20 millones de dólares a través de transacciones hechas por sociedades formadas para blanquear dinero ilegal.