La magistrada consideró que no hay “hasta el momento” ningún vínculo entre esta organización y los cuatro detenidos por el intento de asesinato de la ex presidenta.
La jueza María Eugenia Capuchetti, que tiene a su cargo la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, rechazó en las últimas horas investigar a la agrupación extremista Revolución Federal como posibles instigadores del ataque.
A través de un fallo al que accedió Infobae, la magistrada señaló que “los hechos denunciados se circunscriben a personas totalmente distintas y hasta el momento sin vinculación con aquellas que se encuentran imputadas” por el fallido magnicidio.
De esta manera, entendió que el espacio de orientación libertaria, que organizó varias movilizaciones en contra del Gobierno, por el momento no tiene una relación clara con Fernando Sabag Montiel, quien realizó el fallido disparo a centímetros del rostro de la ex presidenta; ni con Brenda Uliarte ni tampoco con Nicolás Carrizo ni Agustina Díaz, los otros detenidos.
En ese contexto, Capuchetti remarcó que “de la reconstrucción efectuada a partir del conjunto de elementos de prueba hasta aquí obtenida, no se ha vislumbrado hasta el momento ninguno que vincule -objetivamente- a los acusados con la agrupación Revolución Federal; ni con sus miembros o líderes, ni que permitan sostener que el hecho específico que intentaron consumar hubiese sido planificado y organizado por o con los miembros de ese grupo”.
Por esto, resolvió “no aceptar la competencia atribuida en las presentes” y devolvió el expediente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, que había dicho que ambas cuestiones se tenían que investigar juntas.
Tras el ataque ocurrido el 1° de septiembre en la puerta de su casa de CFK, un mail del Ministerio de Seguridad entró a Comodoro Py con una denuncia de una persona identificada como Luca Morales, quien informaba que en las redes sociales estaba circulando un perfil en el que había manifestaciones sobre atentados contra la democracia y en el que se incitaría al odio y a la violencia política de forma directa contra el Presidente y la Vicepresidenta.
La cuenta de Instagram era “@revolucionfederal”. Allí decía: “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”. Aparecían además los datos de una cuenta bancaria a nombre de Leonardo Franco Sosa para realizar “donaciones”.
El juez Martínez De Giorgi, que recibió la causa por sorteo, le preguntó a su colega Capuchetti si el grupo Revolución Federal estaba siendo investigado por el atentado a Cristina Kirchner. La jueza le dijo que no, por lo que le remitió la presentación para que las dos cuestiones formen parte de un mismo expediente.
Sin embargo, este jueves la magistrada explicó que, a partir de las actuaciones de los fiscales en el marco de la investigación del atentado contra la Vicepresidenta, surge que los integrantes de esta agrupación son “personas que de ningún modo guardan relación con los hechos”.
En este sentido, remarcó que los argumentos que dio en su momento Martínez De Giorgi “resultan insuficientes para esclarecer los extremos requeridos por el código de forma para afirmar, en este estado de la investigación, la pretendida vinculación procesal”.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes judiciales, ahora será el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, el que deberá definir quién se queda finalmente con la causa por las amenazas hechas por esta agrupación extremista.
Qué es Revolución Federal
Se trata de una organización relativamente nueva, pero que cobró mucha popularidad por sus escraches violentos y repudiables a distintos funcionarios del oficialismo y de la oposición, entre ellos a los ministros Jorge Ferraresi y Sergio Massa, y al diputado nacional Rodrigo De Loredo, según consignó Infobae en esta nota del 7 de julio.
La Justicia registró la génesis del grupo el 10 de mayo pasado, cuando hicieron varias publicaciones en redes sociales y difundieron un código QR para sumar más militantes a un chat de WhatsApp. Casi a la par, cinco días después, surgió otro grupo con orientación similar, llamado Nación de Despojados.
Brenda Uliarte, pareja de Sabag Montiel y también detenida por el ataque a Cristina Kirchner, participó de una de las convocatorias hechas por Revolución Federal frente a Casa Rosada y realizada el 18 de agosto, pese a que los organizadores dicen que no la recuerdan.
Días atrás, el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, presentó una serie de audios que fueron grabados durante una transmisión en vivo que realizaron el 28 de agosto pasado algunos de los integrantes de este espacio radical libertario, en el que hablaban abiertamente de “hacer patria” mediante un atentado contra la ex presidenta y otros miembros del Gobierno.
Posteriormente, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, denunció por amenazas de muerte en su contra y apología del delito al líder de esta misma agrupación, Jonathan Morel.
El senador del Frente de Todos apuntó contra la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pese a haber sido aprobado en el Senado, el proyecto quedaría trabado en Diputados.
La vicepresidenta ejerció hoy su propia defensa en la última jornada de alegatos de la defensa en la causa Vialidad, que la tiene como acusada por corrupción en la obra pública de Santa Cruz.
El ex mediático se había recuperado de adicciones a estupefacientes y se hacía conocer como "terapeuta". Manejaba centros de rehabilitación de drogas bajo "condiciones de vida deplorables".
A las 9 horas comenzó la segunda de las tres jornadas que los abogados de la Vicepresidenta pidieron para alegar. La ex mandataria tiene un pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
Este lunes comenzó el alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su imputación en la causa Vialidad. La misma se encuentra señalada como jefa de una asociación ilícita que se benefició con la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Discutió el plan con su amiga Agustina Diaz, apresada anoche; la chica cambió el chip de su telefono y le aconsejaba a la novia de Sabag Montiel que descartara su celular.
José Ubeira es el abogado que representará a la vicepresidenta ante la Justicia Federal. El caso ya tiene a tres detenidos.
Eduardo Miguel Prestofelippo deberá usar una tobillera electrónica. La Justicia también determinó que tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de la Primera Dama por un año.
Es información que surge luego de analizar los teléfonos celulares de Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, los dos detenidos en la causa.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad, la llamada fue realizada por una mujer al 911 desde la ciudad de La Plata.
La fiscalía pidió diez años de cárcel e inhabilitación perpetua para el exministro de Planificación Federal, acusado de ser el organizador de una asociación ilícita y de administración fraudulenta.
Tras el formateo del teléfono del acusado, la PSA rescató una serie de imágenes de video donde el hombre gatilla una Bersa calibre 32.
Néstor Daniel Ralli, juez de control de Santa Rosa, condenó a Daifrany Nicole Mariñez Polanco, de 23 años, como autora material y penalmente responsable del delito de estafa, a la pena de un año de prisión de ejecución condicional.
El dato surgió cuando los técnicos de la PSA pudieron descargar la información del celular de la novia de Fernando Sabag Montiel, autor del atentado. Son casi 120 gigas que ahora se están estudiando.
La presentación recayó en el mismo juzgado que investiga el atentado contra CFK. La misma cuenta había lanzado mensajes amenazantes contra el fiscal Diego Luciani.
El juez de audiencia de juicio de General Pico, Federico Pellegrino, condenó a Antonio Catalán, de 64 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar ministro de un culto, a la pena de ocho años de prisión de efectivo cumplimiento.
El juez Gerardo Bonino realizará, este martes a las 16 horas, una inspección a la planta del ex Frigorífico de General Acha, para verificar las inversiones que realizó Industrias Cárnicas San Miguel, quien posee un contrato de alquiler con la quebrada firma Frigorífico Acha.
Declararon como testigos ante la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo. Brenda Uliarte, la novia del acusado de intentar matar a Cristina Kirchner, será indagada mañana.
El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz se reanudará hoy a las 9.30. El mismo incluyó un pedido de 12 años de prisión para la vicepresidenta.
