La Asociación Pampeana de Cables pretende que el Estado no se entrometa a controlar el rubro. En un documento difundido en las últimas horas, ese sector rechaza el decreto nacional que considera servicio público a la telefonía celular, la TV paga e internet.

 

“No hace falta declarar nuestro servicio como público”, indican los referentes de la entidad, que de ese modo se posicionan en contra de los controles e intervenciones estatales en la materia.

 

El documento considera que el DNU 690/2020 “está lejos de garantizar los derechos de los ciudadanos argentinos en materia de información, entretenimiento y acceso a internet”.

 

“Por el contario -acusa- esta norma agrega incertidumbre a un contexto donde los operadores estamos haciendo considerables esfuerzos por acompañar a nuestros clientes, sostener la calidad de los servicios y cuidar a los trabajadores, operando en mercados altamente competitivos y tecnológicos”, se elogian a sí mismo los cableros.

 

Insisten en que “el resultado de un exceso regulatorio como este, será negativo para los intereses de los abonados a los cuales nuestra industria les brinda servicios desde hace más de 50 años”.

 

Llaman “exceso regulatorio” a la decisión estatal de controlar en el rubro, determinar si los tarifazos están justificados y verificar que las empresas cumplan con la ciudadanía.

 

Según la Asociación, “los usuarios saben, por experiencia, que servicios públicos con tarifas congeladas, lejos de fomentar la inclusión y alivio económico, significan una degradación de las prestaciones que reciben”.

 

El gobierno no congeló tarifas, sino que suspendió los aumentos previstos hasta que las firmas que propician esos incrementos expliquen porqué y cómo los aplican.

 

“Somos un sector de la economía que se desarrolló desde los pueblos hacia las grandes ciudades,desplegando redes de comunicación para que los vecinos tengan acceso a la información y a la red mundial. Lo integramos unas 700 empresas PyMEsde capitales nacionales, que estamos distribuidas por todas las provincias del país” sostienen.

 

El documento indica que “la norma publicada, salteando facultades del Congreso (en realidad el Congreso intervino y dio aval a la decisión), produce serias limitaciones al manejo de nuestras empresas y la vemos como una grave afectación al marco regulatorio que nos rige y a nuestra seguridad jurídica”.

 

“Peor aún, van a favorecer a nuestros competidores que brindan servicios desde el extranjero mediante plataformas de contenidos que ingresan libremente al país y hacen usufructo gratuito de nuestras redes. No se les exige nada: no pagan impuestos, no emplean trabajadores, no rinden cuentas a los defensores de los consumidores y no se ven sujetas a la ley de defensa de la competencia. Muchas de ellas operan sin tener domicilio en el país”, acusa el documento.

 

“La brecha digital se cierra con más inversión y complementariedad, que coadyuven a extender las redes e incrementar la oferta de servicios. Para eso lo que necesitamos es crédito a tasas razonables para mantener actualizada nuestra infraestructura, que se alivie la pesada carga impositiva que soportan nuestras empresas dándole destino a nuevos desarrollos, que nuestros aportes al Fondo del Servicio Universal lleguen más rápido a zonas vulnerables o que no son rentables para nuestra operación”.

 

“No hace falta declarar nuestro servicio como público para cerrar la brecha digital; el Estado tiene todas las herramientas para remediarla”, consideran.