Ajuste y chequera: estiran la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 por 600 millones de verdes

Mientras el tablero político arde, el Gobierno nacional abrochó una jugada millonaria: aprobó la renegociación del contrato de concesión de 35 aeropuertos que controla la firma Aeropuertos Argentina 2000. El paquete incluye un compromiso de inversiones adicionales por US$600 millones y estira la fiesta en las terminales aéreas hasta febrero de 2049, con una zanahoria extra que podría llevar el negocio hasta 2056.

La movida quedó cristalizada este lunes a través de la Decisión Administrativa 27/2026, publicada en las páginas del Boletín Oficial. La letra chica del convenio no deja lugar a dudas sobre los plazos y las exigencias que deberá cumplir la compañía para no perder el botín.

Los números finos del acuerdo

El pacto no es a cambio de nada, aunque la letra oficial disfraza las exigencias bajo promesas de modernización. Los puntos centrales del entendimiento son:

• Inversión directa: US$600 millones adicionales (IVA incluido) volcados de lleno a infraestructura.
• Objetivos del gasto: Obras orientadas a mejorar la capacidad, la seguridad, la calidad y la sostenibilidad de todo el sistema aeroportuario.
• Plazo base: La concesión se extiende formalmente hasta el 13 de febrero de 2049.
• La yapa: El contrato contempla una extensión condicionada que podría estirar la concesión hasta el año 2056.
• Tasa de referencia: Se fijó una tasa interna de retorno del 14,3%, utilizada como parámetro para equilibrar los números, aclarando que no se trata de una rentabilidad garantizada.

Letra chica, controles y adiós a los juicios

Para quedarse con la prórroga hasta 2056, la empresa operadora no la tendrá tan fácil. El Gobierno le metió presión con fechas fatídicas en el calendario: antes del 30 de junio de 2027, Aeropuertos Argentina deberá demostrar fehacientemente que tiene los fondos, los créditos o los compromisos financieros abrochados para encarar los trabajos. Como si fuera poco, la exigencia sube la vara al imponer que al menos el 75% de las obras estén terminadas antes del 31 de diciembre de 2031.

Desde el expediente oficial justificaron la renegociación —fruto de largas charlas entre la compañía y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)— apuntando directamente a la pandemia de coronavirus. Según los argumentos, aquella crisis alteró de manera extraordinaria el equilibrio económico-financiero de la concesión, derrumbando el tráfico aéreo y desacomodando ingresos y costos operativos.

Como bonus track de la negociación, el flamante esquema deja afuera de cualquier beneficio al polémico Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Y para cerrar la persiana de los conflictos pasados, el acuerdo incluye una cláusula clave: el Estado nacional y la concesionaria se comprometen a desistir mutuamente de una batería de reclamos administrativos y judiciales que acumulaban polvo en los escritorios, barriendo bajo la alfombra las viejas disputas legales.