Vuelos clandestinos a Malvinas: la Cancillería va a fondo contra una firma británica y cruza a los vecinos

El Ejecutivo nacional salió al cruce este lunes de una maniobra inconsulta en el Atlántico Sur. A través de la Cancillería, se denunció formalmente la realización de vuelos hacia las Islas Malvinas que carecían por completo del aval argentino. El blanco de la ofensiva oficial es la compañía británica RVL Aviation, señalada por ejecutar operaciones aéreas hacia el archipiélago desde diferentes puntos de Sudamérica pisando las regulaciones soberanas.

De acuerdo con los datos aportados por la administración central, las aeronaves de la empresa despegaron desde terminales aéreas ubicadas en Brasil, Uruguay y Chile con rumbo directo a las islas. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores rotularon estas acciones como “irregulares”, remarcando que se llevaron adelante por fuera de los marcos normativos que exige el país.

La jugada diplomática y el pedido de castigo

Ante este escenario, la Cancillería diagramó una estrategia en dos frentes:

• Gestiones con los vecinos: Se llevarán adelante conversaciones formales con los gobiernos de Brasil, Uruguay y Chile para exigir explicaciones, recabar información detallada y dejar en claro la postura nacional frente a estas escalas.
• Sanciones a la aerolínea: El Gobierno adelantó que buscará castigos ejemplares contra RVL Aviation, una jugada cuya efectividad final dependerá también de los resortes legales de las jurisdicciones extranjeras involucradas.

Desde el Palacio San Martín recordaron que la normativa argentina es inflexible: cualquier movimiento aéreo que tenga como destino u origen las Islas Malvinas debe someterse indefectiblemente a las disposiciones del Estado nacional.

El trasfondo geopolítico

Este episodio se da a pocos días de que el presidente Javier Milei reinstalara el reclamo formal por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en su paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La disputa territorial entre Argentina y el Reino Unido —que mantiene la administración fáctica de las islas— suma así un nuevo capítulo de tensión operativa y diplomática, mientras la Casa Rosada promete seguir adelante con las actuaciones administrativas y los reclamos bilaterales necesarios.