Martín Llaryora se opuso a una quita de fondos para discapacidad proyectada para 2027

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, manifestó este domingo su oposición a cualquier alteración en el Presupuesto 2027 que suponga una merma en los recursos asignados a la atención de personas con discapacidad, al tiempo que instó a los parlamentarios nacionales que representan a su provincia a no respaldar una iniciativa de esa naturaleza.

Mediante un mensaje difundido en su perfil de la red social X, Llaryora afirmó: “No vamos a acompañar ningún recorte del presupuesto nacional que afecte estos derechos”, fijando postura frente a los cambios planteados de manera inicial por el Ejecutivo nacional en la iniciativa girada al Congreso.

El titular del Ejecutivo provincial advirtió que las terapias, los traslados y las coberturas no pueden quedar supeditados a la coyuntura económica de los hogares ni a la jurisdicción geográfica en la que habite cada individuo. En esa línea, exigió a los diputados y senadores cordobeses que voten en contra de toda merma en los créditos presupuestarios destinados a esta área.

La red de atención y el enfoque provincial

Asimismo, Llaryora remarcó la labor conjunta que la provincia lleva adelante junto a unos 350 municipios y entidades sociales con el fin de preservar el entramado asistencial. “Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”, aseveró.

El posicionamiento del mandatario se originó a raíz de las previsiones incorporadas en el proyecto presupuestario para 2027 por parte del Poder Ejecutivo, las cuales introducían variantes en el esquema prestacional y en la emergencia vinculada a la discapacidad. Entre las previsiones iniciales figuraba la supresión de los precios universales fijados en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, instrumento utilizado como parámetro para retribuir los servicios.

Modificaciones y debate legislativo

La iniciativa oficial contemplaba asimismo ajustes sobre las pensiones no contributivas, introduciendo nuevos criterios de elegibilidad, fijando el haber en el 70% del haber jubilatorio mínimo y estableciendo incompatibilidades con ciertas modalidades de empleo.

Dichas disposiciones generaron protestas por parte de entidades sociales y fricciones entre el oficialismo y las bancadas dialoguistas. De acuerdo con información difundida, la administración nacional evalúa suprimir los puntos más resistidos para sustituirlos por un esquema acordado con los bloques moderados.

Por otro lado, desde la administración central indicaron que a lo largo de 2026 se instrumentaron ajustes constantes en el Nomenclador de Prestaciones Básicas. El ajuste más reciente, formalizado el 18 de septiembre, fijó un incremento del 1,70% para ese mes, determinado a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

La discusión parlamentaria continuará enfocada en el contenido definitivo del Presupuesto 2027 y en el tratamiento particular de las medidas orientadas a la discapacidad. La postura expuesta por Llaryora se adhiere a los reclamos formulados por diversos actores sociales que pretenden modificar el articulado original redactado por el Poder Ejecutivo antes de su debate en el recinto.