Hallan un millonario desfasaje en una auditoría a la ex Andis y la Justicia avanza en la investigación

Una auditoría oficial ordenada por el Gobierno reveló un desfasaje de $158.717.131.557,63 entre los registros internos de deuda de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un organismo que estuvo bajo la dirección de Diego Spagnuolo hasta su salida en agosto de 2025.

El trabajo de fiscalización, llevado adelante durante el proceso de intervención del ente, abarcó la administración hasta el corte del 21 de agosto de 2025. El análisis contempló diversos rubros, tales como contrataciones, personal, cajas chicas, adquisición de equipos electrónicos, declaraciones juradas, deudas y transferencias a droguerías.

La discrepancia contable en detalle

El núcleo del informe expone una divergencia exacta de más de 158 mil millones de pesos al contrastar las nóminas de deuda exigible confeccionadas por dos áreas internas del organismo:

• Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC): Oficina que aportó sus propios registros sobre compromisos financieros.
• Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass): Área responsable de gestionar programas como Incluir Salud, la cual reportó el nivel de pasivos más alto.

Pese a la magnitud de la cifra, el documento aclaró que los datos provistos por la Dnass presentaban potenciales imprecisiones. Desde dicha dirección justificaron que los montos y las clasificaciones pudieron verse alterados por errores involuntarios al momento en que los prestadores cargaban la información al sistema. Por lo tanto, los auditores recalcaron que esta brecha refleja una divergencia entre registros administrativos y no constituye, de manera directa, un faltante físico de dinero por esa suma.

El expediente judicial y los pagos analizados

Paralelamente al relevamiento administrativo, la Justicia federal avanza en una pesquisa vinculada a presuntas anomalías en contrataciones dentro del organismo. El expediente se encuentra en manos del fiscal federal Franco Picardi, quien investiga un esquema que incluiría direccionamiento de compras, sobreprecios y el cobro de retornos calculados en hasta un 20% en ciertas operaciones.

Esta causa penal apunta a examinar la actuación de exfuncionarios de la Andis, nexos intermediarios y distintas firmas proveedoras de fármacos y suministros médicos.

Cuestionamientos al uso del “legítimo abono”

El informe de los auditores también emitió severas críticas hacia el empleo del mecanismo de “legítimo abono”, una vía administrativa utilizada para abonar prestaciones o productos que ya habían sido entregados sin cumplir de forma previa con los canales formales de contratación.

De acuerdo con el relevamiento, esta práctica vulnera los mecanismos de fiscalización y perjudica la transparencia en la competencia entre los proveedores. Hasta la fecha límite evaluada por la auditoría, apenas se habían puesto en marcha seis procesos de compra vinculados a dichos servicios.

Aunque el estudio no especificó de manera nominal qué pagos concretos se canalizaron mediante esta figura legal excepcional, sí certificó que las empresas proveedoras de medicamentos e insumos percibieron un total de $479.504 millones en el periodo comprendido entre el año 2024 y el 21 de agosto de 2025.