Ziliotto bajó el tono a la tensión con Mendoza por Los Nihuiles: "No es un Boca-River"

Durante un encuentro con cronistas nacionales llevado a cabo en el Centro Cívico de Santa Rosa, el gobernador Sergio Ziliotto se refirió a la resolución dictada por el juez federal Juan José Baric, la cual restituyó de forma cautelar a La Pampa el 50% de las regalías hidroeléctricas correspondientes al complejo Los Nihuiles. En la ocasión, el titular del Ejecutivo provincial buscó despejar cualquier lectura que vinculara la disputa con una tirantez de índole personal frente a su par mendocino, Alfredo Cornejo.

"¿Cómo voy a estar peleado? Yo tengo una relación personal con Alfredo, pero tenemos una posición institucional. Él defiende a su provincia, yo defiendo la mía", expresó Ziliotto ante las consultas sobre la tensión discursiva generada entre ambos gobiernos a raíz de la resolución judicial.

Un diferimiento arraigado en el federalismo y los pactos vigentes

El mandatario provincial desestimó catalogar el conflicto bajo la lógica de una confrontación polarizada. "No es un Boca-River", graficó, al tiempo que insistió en que Mendoza cuenta con total legitimidad para abogar por su perspectiva, del mismo modo en que La Pampa tiene la obligación de resguardar sus prerrogativas hídricas y patrimoniales ya establecidas.

Asimismo, Ziliotto trajo a la memoria que el reparto igualitario de los fondos no se origina en una gracia discrecional, sino que se apoya en un andamiaje legal entre jurisdicciones:

"Es un decreto que anula un decreto de 1973, que fue avalado en el acuerdo de 1992 entre las partes, ratificado por las dos legislaturas de las provincias, homologado por la Corte Suprema, y que está basado en un fallo de 1987 que dice que el río es interprovincial", argumentó el gobernador para respaldar la validez del marco normativo anterior a la emisión del Decreto 982/2026.

Claves del reclamo pampeano

• Medida cautelar: El juez federal Juan José Baric devolvió a La Pampa el 50% de las regalías del complejo hidroeléctrico.
• Base legal: El reclamo se sustenta en el acuerdo interprovincial de 1992, refrendado por ambas legislaturas y con aval de la Corte Suprema.
• Antecedente clave: Se fundamenta en una sentencia del año 1987 que ratifica el carácter interprovincial del curso de agua.
• Defensa institucional: El gobernador remarcó que se trata de la preservación de los derechos patrimoniales y provinciales, y no de un entredicho personal con Alfredo Cornejo.