Manuel Adorni afronta el vencimiento del plazo judicial para justificar su patrimonio ante el fiscal Gerardo Pollicita

El ex jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, debe presentar este miércoles ante la Justicia los argumentos necesarios para respaldar su evolución patrimonial dentro de la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La fecha límite responde a la prórroga de quince días concedida a finales de agosto por el juez federal Ariel Lijo, tras un pedido formal presentado por la defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado Matías Ledesma.

La exigencia legal se originó a partir de un informe técnico confeccionado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). El documento, de 207 fojas, abarcó un detallado estudio de declaraciones juradas combinado con el entrecruzamiento de datos provenientes de registros de la propiedad, entidades bancarias, plataformas de criptomonedas y registros migratorios.

Principales desfasajes detectados por la fiscalía

Como resultado de dicha labor, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita identificó múltiples desequilibrios financieros que el exfuncionario nacional debe aclarar:

• Ingresos familiares: Entre diciembre de 2023 y el cese de sus funciones gubernamentales, el grupo familiar declaró entradas por $229.752.283,20, integradas por los salarios de Adorni y los ingresos de su esposa, Bettina Angeletti.
• Erogaciones totales: En idéntico período, los gastos comprobados treparon a los $272.820.832,20, englobando consumos con tarjetas de crédito, expensas, servicios públicos, impuestos, seguros, viajes y la adquisición de electrodomésticos, lo que arroja un saldo negativo de $43.068.549.
• Gastos en moneda extranjera: Se detectaron desembolsos en dólares por USD 402.578,12 que no guardarían correlación con los recursos legítimos declarados, los cuales habrían tenido como destino la compra y refacción de inmuebles, mobiliario, alquileres temporarios y viajes al extranjero.

Los veinte puntos del requerimiento fiscal

El fiscal Pollicita estructuró un cuestionario de veinte puntos específicos que Adorni debe contestar sobre su patrimonio desde su incorporación al gobierno de Javier Milei hasta el 27 de junio de 2026, fecha en la que concretó su renuncia.

Entre los ejes centrales de la pesquisa figuran las divisas en efectivo declaradas bajo la figura de “venta de activos” luego de que el ex funcionario rectificara sus presentaciones juradas. Asimismo, la fiscalía solicitó precisiones sobre medio millón de dólares en criptoactivos que Adorni aseguró públicamente poseer desde hacía una década, pero que no habían sido informados de manera oportuna, requiriendo detalles sobre los compradores, las fechas y la trazabilidad bursátil o bancaria.

Inmuebles, contratistas y operaciones bajo lupa

El expediente también exige explicaciones sobre:

1. La titularidad y adquisición del lote 380 del Country Indio Cua, registrado exclusivamente a nombre de Bettina Angeletti.
2. El presunto pago en efectivo de USD 245.000 al contratista Matías Tabar por obras de remodelación en dicho predio, incluyendo modificaciones en la piscina y la construcción de una parrilla.
3. El origen de los fondos destinados a la compra de un departamento situado en la calle Miró 550, en el barrio porteño de Caballito, además de las sumas en efectivo abonadas al mismo contratista por el amoblamiento de esa unidad.
4. Préstamos atribuidos a familiares, la compra de un vehículo Jeep, el empleo de terceras personas para efectuar compras y pagos en efectivo, y operaciones vinculadas a activos digitales.
5. Una billetera virtual validada con la identidad de Adorni pero omitida ante la Oficina Anticorrupción.
6. Depósitos de carácter no salarial detectados en su cuenta sueldo del Banco Nación.
7. Honorarios facturados por la escribana Adriana Nechevenko por tres transacciones inmobiliarias del matrimonio, emitidos en su totalidad a nombre de la esposa del exjefe de Gabinete.

Previamente, los letrados defensores habían reclamado un plazo mayor para examinar la totalidad de las evidencias, archivos y registros de comunicaciones que sostienen la imputación fiscal, poniendo especial énfasis en el contenido del teléfono celular de Tabar.

Vencido este plazo, Adorni debe formalizar su descargo y sumar los respaldos documentales necesarios para rebatir las observaciones de la fiscalía. En caso de que el juez Lijo estime que las justificaciones y pruebas aportadas resultan insuficientes para esclarecer las dudas planteadas, el magistrado quedará habilitado para avanzar hacia una citación a declaración indagatoria, abriendo una nueva etapa procesal en la causa.