Sanción en Agustoni: el Tribunal de Cuentas exige a autoridades locales reintegrar fondos por intereses y gastos sin aval

El organismo de control dictaminó que el presidente y el secretario de la Comisión de Fomento deberán afrontar de su propio bolsillo más de 274 mil pesos en recargos por mora, además de responder por una erogación injustificada.
La Comisión de Fomento de Agustoni debió afrontar un desembolso superior a los 274 mil pesos en concepto de recargos e intereses debido a la cancelación fuera de término de facturas eléctricas y tributos provinciales. Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas dictaminó que dichos costos financieros no deben ser absorbidos por el presupuesto público, sino reembolsados por los administradores encargados de concretar los pagos en los plazos previstos.
Mediante la Sentencia Nº 2283, emitida el 11 de agosto y difundida en el Boletín Oficial, la Sala II dictó un cargo solidario por un total de $1.043.364,81 contra el presidente comunal, Federico Bogarin, y el secretario-tesorero, Alexis E. Priani, al examinar la rendición de cuentas correspondiente a diciembre de 2025. Dicha cifra engloba tanto las penalidades por atrasos como una erogación de $768.500 destinada a servicios técnicos agropecuarios que carecía de los comprobantes obligatorios.
El impacto de los pagos tardíos
La auditoría sobre los desembolsos efectuados a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Agustoni (COSYPRO) arrojó un total de $253.170,83 abonados en concepto de mora, divididos en cuatro episodios específicos:
- Una factura de suministro eléctrico por $1.722.561,51 que incluyó $48.511,70 de recargo.
- Un segundo comprobante por $2.612.160,49 con un recargo de $188.341,79.
- Un tercer pago que sumó $2.165,04 por la misma causa.
- Un cuarto caso con un recargo adicional de $14.152,30.
El organismo de control enfatizó que la responsabilidad primaria de los funcionarios es cumplir con las obligaciones en tiempo y forma, explicitando que "los gastos extraordinarios que se generen por incumplimiento a su deber recaen por su cuenta". Bajo esta premisa, la entidad remarcó que las penalidades originadas por demoras administrativas no pueden trasladarse a las arcas comunales.
Un escenario equivalente se detectó al revisar los tributos provinciales. Los auditores contabilizaron 12 pagos girados a la Dirección General de Rentas con intereses acumulados, cuyos montos oscilaron desde sumas menores hasta un recargo de $17.975,80 derivado de una obligación superior a los 9 millones de pesos. En total, los intereses por los tributos abonados a destiempo sumaron $21.694, consolidando un perjuicio total de $274.864,81 en fondos públicos destinados estrictamente a penalidades por atrasos.
Erogaciones sin respaldo y multas
El cargo financiero total también comprende una transferencia de $768.500 a favor de Diego Guillermo Chamorro bajo el concepto de "servicios técnicos agropecuarios". Ante la requisitoria de los auditores para identificar, justificar y presentar la documentación respaldatoria del gasto, las autoridades locales omitieron dar respuesta.
Asimismo, el fallo precisó que Bogarin y Priani no respondieron dentro del plazo legal al pedido de antecedentes, el cual expiró el 10 de junio. El Tribunal también documentó repetidas fallas en la remisión de pagos a profesionales médicos y en la supervisión de comprobantes ante la ARCA, irregularidades que ya habían motivado advertencias previas.
Como consecuencia de estas infracciones, además de restituir el cargo de $1.043.364,81, el Tribunal impuso a ambos funcionarios una multa solidaria de $439.340,06.
Plazos y alternativas legales
Los implicados disponen de un plazo improrrogable de diez días, a contar desde la notificación, para depositar el importe correspondiente al cargo y a la multa, o bien interponer un recurso de revocatoria. En caso de incumplimiento, el organismo dispuso convocar al Fiscal de Estado para iniciar las acciones legales pertinentes tendientes al cobro de los fondos.
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