Investigan en Brasil un presunto desvío de fondos estatales para financiar una película sobre Jair Bolsonaro

El Tribunal Supremo Federal de Brasil dejó sin efecto el secreto de sumario sobre una causa judicial que examina el presunto manejo irregular de recursos públicos orientados a respaldar una película biográfica sobre el exmandatario Jair Bolsonaro. La medida judicial fue dictada por el juez Flávio Dino, permitiendo el acceso a un sumario que compromete a allegados del exjefe de Estado.

El propósito de la pesquisa es esclarecer si funcionó una estructura orientada a desviar partidas parlamentarias y municipales con el fin de costear la realización del largometraje Dark Horse, encabezado por el intérprete estadounidense Jim Caviezel.

Los procedimientos se enfocan fundamentalmente en el origen y destino de fondos asignados por el Congreso Nacional y la administración municipal de San Pablo. En este sentido, efectivos de la Policía Federal llevaron a cabo diversos allanamientos en las oficinas de la productora y en domicilios pertenecientes al diputado Mário Frias, quien se desempeñó como secretario de Cultura durante la gestión de Bolsonaro.

El esquema financiero bajo la lupa

De acuerdo con la documentación judicial, Frias habría derivado cerca de dos millones de reales a una entidad sin fines de lucro asociada al proyecto cinematográfico. Los sabuesos de la causa estiman que dichos capitales terminaron en manos de firmas contratadas para tareas específicas, aunque hasta el momento no se hallaron constancias documentales que certifiquen la ejecución real de dichos servicios.

Basándose en las evidencias recolectadas, Flávio Dino determinó que existen indicios suficientes para conectar al legislador con la maniobra de desvío de recursos. Como consecuencia, el máximo tribunal ordenó la retención de pasaportes y prohibió abandonar el territorio brasileño tanto a Mário Frias como a Karina Gama, directiva de la productora audiovisual.

Asimismo, el expediente contempla el análisis de posibles vínculos entre este supuesto mecanismo financiero y el Primer Comando de la Capital (PCC), considerada una de las agrupaciones narcocriminales más relevantes del país.

Defensa política y contexto electoral

Ante las incriminaciones, Mário Frias negó categóricamente las imputaciones a través de un comunicado donde afirmó: “Nunca asigné fondos del presupuesto parlamentario para financiar o beneficiar la producción de la película de ninguna manera”. A su vez, catalogó los operativos policiales como una “cortina de humo”.

El expediente adquirió una fuerte repercusión política debido a que avanza a pocas semanas de los comicios presidenciales programados para octubre. En dicha contienda, el senador Flávio Bolsonaro, heredero político del exmandatario, busca la presidencia frente al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.

Otras ramificaciones y tensión en la cúpula judicial

Esta causa se anexa a otras pesquisas que rozan al círculo íntimo del expresidente. Los investigadores también siguen la pista de encuentros y transferencias de dinero por un valor de 12,3 millones de dólares entre allegados al exmandatario y Daniel Vorcaro, expresidente de la entidad financiera quebrada Banco Master.

En paralelo, el Tribunal Supremo atraviesa una profunda tensión interna derivada de la investigación vinculada al Banco Master. En el marco de dicha crisis institucional, el magistrado André Mendonça había dictaminado la separación del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y del jefe de inteligencia Leandro Almada, medidas que luego fueron dejadas sin efecto por Flávio Dino. El titular del Supremo, Edson Fachin, anuló ambas decisiones con el propósito de frenar el enfrentamiento entre los ministros de la corte.

La situación provocó alarma en diversos sectores sociales y políticos de Brasil. Un bloque compuesto por exministros, economistas y referentes sindicales advirtió que la nación transita “la crisis más exigente en la historia del Tribunal Supremo”, exigiendo al mismo tiempo que las averiguaciones esclarezcan las responsabilidades y restituyan la credibilidad en las instituciones.

Por el momento, el proceso judicial por el financiamiento de Dark Horse sigue su curso en etapa de instrucción, mientras los implicados rechazan haber incurrido en delitos.