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Extravió su billetera en un Uber en Santa Rosa, no le responden y reavivan la polémica por la falta de regulación

30 Agosto 2026

Un adolescente de 15 años olvidó sus pertenencias este sábado en un vehículo de la aplicación. El inconveniente para localizar al conductor y la demora en poner en marcha el registro municipal volvieron a encender la discusión sobre el control del transporte privado en la capital pampeana.

Un joven de 15 años perdió su billetera este sábado, cerca de las 20:30 horas, luego de bajarse de un automóvil solicitado a través de la plataforma Uber. El trayecto concluyó en la Avenida Argentino Valle al 700, sitio en el cual el damnificado notó la falta de sus efectos personales instantes después de que el rodado se alejara. Pese a haber comenzado las gestiones de contacto mediante la app de manera instantánea, tras más de 12 horas no consiguió contestación ni por parte del automovilista ni de la compañía.

Reconocer al prestador del servicio y al automóvil implicó complicaciones suplementarias en el rastreo. Conforme a la información brindada en la aplicación, el chofer opera bajo un seudónimo, en tanto que la chapa patente del rodado se encuentra radicada en la provincia de La Pampa a nombre de una propietaria de nacionalidad extranjera, situación que inviabilizó una comunicación directa por fuera de las vías informáticas.

Gestiones en la app y situación del registro local

Frente al extravío de efectos personales, las normativas internas de Uber indican que la firma opera como un canal de intermediación y afirma que ni la empresa ni los conductores se hacen legalmente cargo de los objetos olvidados en los automóviles. El mecanismo deriva la gestión mediante el servicio de asistencia digital de la aplicación para procurar acordar la devolución entre los involucrados.

El episodio colocó nuevamente en el centro de la escena la aplicación de la ordenanza aprobada el año pasado por el municipio para normar la actividad de las plataformas de transporte digital en la ciudad capital. Aunque la disposición legal avalada prevé el desarrollo de un registro obligatorio de choferes y vehículos habilitados, el instrumento todavía no fue concretado por el Departamento Ejecutivo comunal, lo que priva a los usuarios de una dependencia local de control o recepción de denuncias ante situaciones de esta índole.

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