La Cámara Nacional Electoral ratificó sanciones a La Libertad Avanza en La Pampa por irregularidades contables

La Cámara Nacional Electoral ratificó la resolución dictada en julio pasado por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, la cual establece penalidades para el armado de La Libertad Avanza en la provincia de La Pampa. La medida recae directamente sobre la actual gestión del presidente partidario, Adrián Ravier, y bloquea el acceso a subsidios, contribuciones y cualquier mecanismo de financiamiento público anual durante el período de un año.

El expediente llegó al tribunal superior luego de que la apoderada legal del distrito, la letrada Johanna Denisse Harostegui, interpusiera un recurso de apelación contra el fallo de primera instancia. Finalmente, los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, Daniel Bejas y Santiago Corcuera, suscribieron la sentencia que avaló los argumentos del magistrado santarroseño y desaprobó de forma formal el informe del estado Contable Anual correspondiente al Ejercicio 2024, apuntando contra las falencias de la conducción partidaria previa.

Observaciones y cuestionamientos judiciales

En su dictamen original emitido a mediados de año, el juez Baric advirtió que el balance del año 2024 se entregó fuera de los plazos legales establecidos. Asimismo, el magistrado subrayó que, aunque el espacio político consiguió su personería jurídica y política en mayo de 2023, la apertura de su cuenta bancaria única se concretó recién dos años más tarde, en mayo de 2025.

Entre los fundamentos de la penalización, la Justicia federal recriminó a la agrupación la ausencia de documentación de respaldo para aportes en efectivo que alcanzaron los $546.080, una situación que, según el fallo, «imposibilita corroborar fehacientemente el origen de los mismos». A esto se sumó la omisión en la carga de declaraciones juradas sobre aportantes, la falta de registración de asientos contables vinculados a ajustes por inflación y la carencia de comprobantes para respaldar los gastos informados en materia de propaganda y difusión institucional.

El descargo de la defensa

Durante el proceso de apelación, los representantes legales del partido sostuvieron que «la falta de bancarización no transforma automáticamente un aporte identificado en un fondo de origen desconocido». Asimismo, argumentaron que «la ausencia de un recibo oficial no torna anónima una contribución respecto de la cual se encuentran consignados el aportante, la fecha y el monto», un planteo que finalmente fue desestimado por los magistrados federales al confirmar la sanción económica.