Masiva movilización universitaria exige fondos y salarios en medio de tensiones políticas y judiciales

Una multitud se moviliza este jueves en distintos puntos de la Argentina, con una concentración central frente al Congreso de la Nación, para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta convoca a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, graduados, autoridades académicas, sindicatos y organizaciones sociales en defensa de la educación pública.

La convocatoria, organizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios del sector, representa la quinta Marcha Federal Universitaria. En la Ciudad de Buenos Aires, las columnas comenzaron a concentrarse desde las primeras horas de la tarde en las adyacencias del Palacio Legislativo, donde el acto central fue programado para las 16.

El reclamo se replica en casas de altos estudios de diversas provincias y tiene como ejes centrales la recomposición de los sueldos docentes y no docentes, el financiamiento para el normal funcionamiento institucional y la actualización de los fondos asignados a las becas estudiantiles.

El presupuesto y los salarios en debate

Desde la comunidad universitaria advierten sobre el deterioro de los ingresos del personal y la merma de recursos destinados a sostener las actividades académicas, científicas y de investigación.

De acuerdo con un relevamiento difundido por Chequeado, el presupuesto asignado a la educación superior para 2026 se encuentra un 25,3% por debajo, en términos reales, de los niveles registrados en 2023. Para restablecer aquella inversión, el gasto previsto debería elevarse desde los $6,2 billones hasta aproximadamente $8,3 billones.

En el plano salarial, el mismo informe señaló que los sueldos docentes experimentaron una caída del 24,2% en comparación con noviembre de 2023. Hacia septiembre de 2026, un auxiliar docente de primera con dedicación simple, nueve horas semanales y diez años de antigüedad percibió un haber de $421.236.

Conforme a dichos cálculos, para alcanzar la actualización estipulada por la Ley de Financiamiento Universitario, ese ingreso debería trepar a cerca de $556.000, lo que implica un incremento adicional cercano al 32% sobre el salario percibido en septiembre. Los gremios sostienen que esta situación perjudica las condiciones laborales y compromete la continuidad de las actividades académicas y la investigación en las universidades nacionales.

Conflicto judicial y disputa legal

La movilización se desarrolla en el marco de un enfrentamiento que mantiene el sistema universitario con la administración de Javier Milei desde 2025.

La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en agosto de dicho año, contemplando la actualización de recursos, medidas de recomposición salarial y fondos para becas estudiantiles. Sin embargo, el Presidente vetó la iniciativa en septiembre de 2025. Pese a que el Parlamento rechazó el veto, el Poder Ejecutivo promulgó la norma condicionando su puesta en marcha a la definición de las fuentes de financiamiento.

La controversia derivó en la Justicia. En ese contexto, el juez federal Martín Cormick ordenó dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la actualización salarial y los fondos para becas. Dicha medida cautelar fue ratificada y continúa vigente mientras se resuelve la cuestión de fondo.

En la antesala de la marcha, el magistrado impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el incumplimiento de la orden judicial, sumando presión al Ejecutivo en un conflicto prolongado.

Apoyo sindical e incidentes

La protesta cuenta con el respaldo de diferentes organizaciones gremiales, entre las que figuran la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), además de agrupaciones estudiantiles y sociales.

Durante la jornada se registraron incidentes frente al Congreso. De acuerdo con los primeros reportes periodísticos, manifestantes rompieron sectores de las veredas y arrojaron piedras contra efectivos policiales. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad desplegaron un camión hidrante y gases lacrimógenos para dispersar a los agresores, en el marco de un amplio operativo de seguridad con vallados y cortes de tránsito.

La pulseada política en el Congreso

La marcha coincidió con una nueva disputa entre el oficialismo y la oposición en el ámbito legislativo. Durante la jornada, bloques opositores intentaron llevar adelante una sesión especial orientada a tratar la derogación del DNU 70/2023, la emergencia en discapacidad y proyectos vinculados al endeudamiento de las familias.

No obstante, la convocatoria fracasó por falta de quórum al reunirse 121 diputados, quedando a ocho legisladores de los 129 necesarios para habilitar el debate. De esta manera, la movilización volvió a colocar en el centro de la agenda nacional el financiamiento de la educación superior y el cumplimiento de la ley aprobada por el Parlamento.