La denuncia fue realizada por la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, Daniela Cabrino, informó El Diario de La Pampa.
La persona denunciada es Vanina Quiroga, la jefa del "Servicio Social de Base" del barrio El Molino (algo asi como una puntera política barrial).
La mujer apuntada por la maniobra fraudulenta es desde hace años la jefa de Base de uno de los barrios históricos y carenciados de la ciudad. La noticia trascendió en horas de la mañana de este martes y rápidamente generó impacto en el ámbito político, más aún originándose a días de la dura derrota electoral del oficialismo, aunque las diversas fuentes consultadas apuntaron que nada tiene que ver con cuestiones internas partidarias sino con una maniobra delictiva, que por el momento involucra a una sola persona, y vendría realizándose desde hace un tiempo.
La causa recayó en la Fiscalía General a cargo de Armando Agüero, quien confirmó que la posible figura a investigar es “peculado”, o fraude contra la administración pública, un delito grave que de confirmarse y llegar a una condena, implicaría además el despido de la empleada municipal.
Luego de presentada la denuncia, desde la Justicia se ordenó rápidamente una serie de procedimientos para recabar elementos de interés para la causa. Fue así que ayer en horas de la mañana miembros de la Brigada de Investigaciones fueron a buscar a Quiroga al Servicio Social de Base, para trasladarla luego hasta su vivienda, donde se realizó el allanamiento con resultados positivos.
La jefa de Base fue trasladada más tarde a la Brigada para cumplimentar los requisitos del procedimiento, en calidad de demorada, aunque horas más tarde el fiscal Agüero le posibilitó la libertad a disposición de la Justicia.
Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, la maniobra delictiva vendría desarrollándose desde hace un tiempo, al menos desde el pasado mes de mayo, pero en los últimos días se registró la queja de una vecina supuestamente damnificada que llegó a oídos de la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, que por su función tiene la obligación –con indicios firmes- de radicar la denuncia.