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Pidieron 12 años de prisión para Lázaro Báez

En la última audiencia de alegatos en el juicio por la Ruta del Dinero K, el fiscal Abel Córdoba pidió una pena 12 años de prisión para Lázaro Báez y 9 años para su hijo Martín por encontrarlos culpables de la maniobra de lavado de dinero por casi 60 millones de dólares.
 
Además solicitó una multa de $2121 millones para el empresario dueño de Austral Construcciones.
 
Además solicitó una multa de $2121 millones para el empresario dueño de Austral Construcciones, que se negó a presenciar la audiencia desde la cárcel de Ezeiza por temor a contraer coronavirus.
 
El fiscal también pidió para el arrepentido Leonardo Fariña una condena total de 5 años de cárcel, tras aplicarle una reducción de 3 años por su colaboración en el caso, y cuatro para el financista Federico Elaskar.
 
Para el fiscal, el empresario, sus cuatro hijos, Fariña y Elaskar fueron hallados responsables de haber construido una "compleja ingeniería transnacional" que lavó casi 60 millones de dólares.
 
El empresario ya acumulaba tres pedidos de penas de entre 8 y 9 años de cárcel de las tres querellas. El funcionario judicial incluyó un pedido de decomiso de 45 inmuebles y dos autos a nombre del empresario, entre otros bienes.
 
El fiscal pidió además que sean condenados el abogado Jorge Chueco, actualmente en libertad, y Daniel Pérez Gadin, una pieza clave en la estructura de Báez, a 8 años de cárcel.
 
En el caso de los tres hijos de Báez que están libres, Melina, Luciana, y Leandro, el fiscal les otorgó un grado similar de responsabilidad y pidió penas de 4 años, 4 años y 6 meses, y 5 años, respectivamente. “Cuanto mayor fue la exposición pública de la causa, mayor fue su participación. Pasaron de ser beneficiarios de las cuentas a accionistas de las empresas”, explicó.
 
El jueves pasado, el fiscal había considerado que el dueño de Austral Construcciones encabezó una "organización que se dedicó a mover dinero oculto" e hizo un extenso repaso de las irregularidades en la adjudicación de obras públicas a las empresas de Báez en la provincia de Santa Cruz, lo que consideró el primer delito precedente.
 
En este sentido afirmó que "la fortuna (de Báez) se explica en las maniobras de la obra pública y la evasión impositiva". Y continuó: "Para esta fiscalía, en la actualidad, los pronunciamientos judiciales que se desarrollaron en esas causas dan por acreditado ese tipo penal".

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