En abril se abrió un proceso de retiros voluntarios, con la intención de reducir la planta de empleados estatales nacionales. Muchas provincias imitaron el ejemplo.
Trece distritos abrieron retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para reducir el peso en la administración provincial y municipal en lo que va del 2018.
Según los datos que dio a conocer el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, en la Argentina hay 3,2 millones de empleados públicos. De ese total, 750.000 son del Estado nacional y 200.000 de las universidades; el resto forma parte de las administraciones provinciales y municipales.
La última provincia que se se sumó en la de Buenos Aires, la que también amplió la posibilidad al sector de la educación en donde aún no se cerraron las paritarias.
Además de Buenos Aires están utilizando esta herramienta Chaco, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, La Rioja, Santa Fe, Neuquén, Misiones, Jujuy, Entre Ríos y Santa Cruz publicó el sitio especializado en economía y finanzas, El Cronista.
Entre las que decidieron no ajustar en personal quedaron La Pampa, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, San Juan, Formosa, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Corrientes y Catamarca.
“La economía se va a desacelerar y a la gente le va a doler”, dijo un exdirector del FMI. Los gobernadores peronistas que apoyan esto me dan vergüenza ajena.@pagina12 ,@l_p_o ,@perfilcom ,@LANACION, pic.twitter.com/k5z8Q5gNwm
— Carlos Verna (@VernaGobernador) 9 de junio de 2018
Aunque cada distrito eligió el modelo y el número que iba a reducir, en todos los casos llegaron pedidos a Casa Rosada de cumplimiento del Pacto Fiscal. Un artículo del acuerdo establece el compromiso de la Nación de financiar este ajuste "con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales. Esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca la Nación, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral".
Respecto de este punto, uno de los gobernadores que está llevando adelante el plan de achique aseguró que "hasta ahora no hay nada, no se giró un sólo peso ni se puso en marcha ningún plan".
Una de las propuestas que se barajó al momento de firmar el acuerdo fue que el Estado nacional pague siete meses y 70% del salario de cada empleado que la provincia decida jubilar o incluir en un plan de retiro voluntario. Pero los tiempos cambiaron. "Nos dicen que lo están analizando porque no quieren prometer lo que no puedan pagar, pero lo acordaron en un pacto que nosotros estamos cumplimento y ellos no", se quejaron desde otra provincia más afín al Gobierno.
