El diputado provincial Mauricio Agón, con el acompañamiento del bloque de la UCR, presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informes con relación a la pauta oficial en La Pampa.

 

Agón manifestó que la iniciativa nace "de consultas que han llegado" y a partir de no encontrar la información en el Boletín Oficial.

 

"Simplemente se le pide al gobierno que trasparente la situación porque tal como reza la Ley 27.275, el derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar toda información que en poder del Estado se presume pública", agregó el legislador.

 

Destacó que "en virtud de lo solicitado y presumiendo que todo acto de gobierno es público, siendo regla mínima la publicidad en el Boletín Oficial nos encontramos frente a un cúmulo de información pública inaccesible. Eventualmente si algún conciudadano de La Pampa quisiera saber cuánto invierte el Estado provincial en los medios de comunicación no podría hacerlo", evaluó el diputado opositor.

 

Indicó que en la actualidad hay sólo dos distritos de la Argentina obligados por ley a trasparentar todo gasto que demande la pauta oficial: Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Dicha información se encuentra al alcance de cualquier ciudadano que quiera estudiarla, analizarla y/o replicarla sostuvo el Diputado", promocionó el diputado.

 

Agón afimó que "hoy no existe ningún tipo de imposibilidad real para publicar en la red toda la información, porque a la par de los avances científicos, el Estado también se encuentra obligado a realizar cambios de índole político con la creación de estructuras dedicadas a incorporar y facilitar el acceso a todo ciudadano de las nuevas tecnologías en todas sus formas".

 

Aludió así al Ministerio de Conectividad y Modernización y la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones “EMPATEL S.A.P.E.M”. Y recordó que el Estado "invierte también en la capacitación de recurso humano para que resulte indispensable para impulsar y llevar adelante cualquier política de estado".

 

"El control ciudadano sobre la administración de los fondos públicos no solo constituye un derecho, resulta también una garantía de tranquilidad sobre quienes tienen la enorme responsabilidad en cuanto a la toma de decisiones", completó.