Sucede que hacia adelante quedan por resolver las fuertes inconsistencias que pesan sobre la economía Argentina, algo que sin dudas insumirá mayores cantidades de sangre, sudor y lágrimas que deberemos proporcionar los habitamos este país. Tal vez sea el propio Presidente electo Alberto Fernández quien, en su paso por los Estados Unidos Mexicanos, haya resumido de manera ejemplar lo que está por venir cuando señaló que “el 10 de diciembre no es una fecha mágica”.

 

La falta de sustentabilidad de la deuda pública dada la carencia del ahorro fiscal necesario para adquirir los dólares que insume el cumplimiento del pago de la misma, la elevadísima inflación que deteriora día a día la calidad de vida de todos los argentinos, junto al prohibitivo nivel en el cual hoy se encuentra el precio del dinero, que le pega de lleno al consumo de las familias y a la inversión de las empresas, son algunas de las problemáticas acuciantes que deberá abordar Alberto Fernández.

 

Ahora bien, en este contexto las Provincias deberán continuar adaptándose a un escenario que seguirá siendo hostil a sus intereses por la sencilla razón de que una mayor contracción de la actividad económica significa menos recaudación que impacta negativamente en las transferencias automáticas por coparticipación, su principal ingreso.

 

En este sentido cabe decir que de septiembre de 2018 a septiembre de 2019 la recaudación impositiva nacional aumentó un 47,7% cuando el índice de precios al consumidor que releva el INDEC para el mismo periodo alcanzó el 53,5%, o sea 5,8 puntos porcentuales por encima de la recaudación.

 

Claro que al rezagarse la coparticipación respecto de la inflación las Provincias deben tomar los recaudos necesarios para mantener, o al menos intentar hacerlo, sus cuentas en orden vigilando especialmente la evolución del gasto.

 

Sin embargo esa no parece ser por ahora la realidad de la Provincia de La Pampa toda vez que uno repare en que el principal inciso del gasto público en suelo pampeano es el de las erogaciones en personal, y que por imperio de la tan mentada cláusula gatillo estas vienen indexadas, es decir atadas al avance de la inflación.

 

No obstante, el problema subyace en que hacia adelante la indexación es insostenible en el marco de una economía que seguirá achicándose lo que se traducirá en transferencias por coparticipación que continuaran en terreno negativo en términos reales.

 

Dicho de otro modo, en la medida que el Gobierno Provincial decida sostener la cláusula gatillo deberá sacrificar otras prioridades presupuestarias de modo tal de asegurar los recursos necesarios para cumplir con dicha pauta salarial.

 

Es así que el Gobernador electo el 19 de mayo pasado deberá resolver una delicada disyuntiva que sellara la suerte de su gestión, y que se circunscribe a lo siguiente: o sacrifica paz social al aumentar la conflictividad laboral como consecuencia instantánea de suprimir la cláusula gatillo, o en caso de preservarla, encabeza una gestión cuyo único y gran legado será el de haber pagado salarios ajustables por inflación.

 

De más está decir que Alberto Fernández va camino a convertir la idea del Pacto Social en un eufemismo que tiene como uno de sus objetivos centrales acabar con la movilidad previsional tal como la conocemos, ya que en el Frente de Todos son plenamente conscientes de que ningún poseedor de títulos de la deuda pública Argentina aceptara una reestructuración de plazos, capital, o intereses con una importantísima parte del gasto, que se va en jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas y las AUH, ajustando prácticamente al ritmo de los precios. Los acreedores pedirán un programa fiscal consistente y ello es sinónimo de entregar la parte del gasto que esta indexada.

 

En caso de optar por el camino más confortativo, la nueva gestión provincial que asumirá el próximo 10 de diciembre podrá aprovechar el paraguas del Pacto Social para morigerar tensiones y encaminarse a cerrar una paritaria que permita darle un respiro al tesoro provincial.