Se trata de Ariel Garbarz, director del laboratorio de Seguridad de las Comunicaciones de la UTN. Denunció además que el juez Otranto y la fiscal Ávila no aceptaron recibirlo en Esquel.

Acusan al Gobierno y a la Justicia de "trabar" la investigación por la desaparición del joven. Minimizaron la información entregada por el Ejecutivo al juez Otranto.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, afirmó que "el kirchnerismo embarra la causa" por la desaparición de Santiago Maldonado y "no ayuda en nada".

El juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa Panamá Papers, intimó a Cancillería que realice las consultas con su par en Alemania "a la mayor brevedad posible" para saber el estado actual de exhortos sobre cuentas de dos hermanos del presidente Mauricio Macri. Es que un informe de la  PROCELAC (Procuraduría de Lavado de Activos) alertó al magistrado, aunque no hubo respuesta de las autoridades alemanas al exhorto formal librado por la Justicia.

En un informe explicó que "no hay testimonios confiables que responsabilicen a la fuerza"

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron la intervención judicial de la firma Hotesur, perteneciente a Cristina Fernández de Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y que se dicte la inhibición general de bienes de las empresas ligadas a esa sociedad de la familia de la ex presidenta.

Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri, quedó imputado en la causa que investiga si favoreció a un estudio de abogados, vinculado a su hermano en Nueva York, que intervino en la colocación de bonos argentinos en el exterior. La fiscal federal Paloma Ochoa requirió abrir la investigación y solicitó varias medidas de prueba al juez Sebastián Ramos, tras la denuncia de la dirigente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, en base a artículos periodísticos de su portal, Nuestras Voces, por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez federal Sergio Torres dispuso operativos en la Secretaría General de Presidencia, en Aerolíneas Argentinas, Inspección General de Justicia y distintos organismos públicos en el marco de la causa por la venta de empresas aerocomerciales así como el otorgamiento de permisos para volar a líneas aéreas low cost.