La Fundación Chadileuvú reclama el regreso de la Ley de Tierras tras su derogación por el DNU

La Fundación Chadileuvú (FUCHAD) expresó su postura a favor de restituir en su totalidad la Ley 26.737, la cual fija topes a la tenencia de inmuebles rurales por parte de extranjeros, y exigió mayores resguardos para resguardar los recursos naturales y la soberanía del país. El posicionamiento se dio a conocer a través de un documento público donde se objeta la anulación de dicha normativa, contemplada dentro del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

Desde la agrupación, que se autodefine desvinculada de cualquier sector político, remarcaron que la compra de campos por parte de personas o corporaciones de origen extranjero tiene que someterse a topes rigurosos y a la fiscalización del Estado, con especial atención en regiones fronterizas o en las inmediaciones de ríos y espejos de agua.

El alcance del DNU 70/2023

El reclamo alude específicamente al artículo 154 del DNU 70/2023, impulsado por el Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, el cual dejó sin efecto la Ley 26.737, conocida formalmente como el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Dicha medida apuntó a suprimir las restricciones vigentes para la titularidad de superficies rurales por parte de sujetos extranjeros, sin importar el fin productivo al que se destinaran.

A pesar de esto, la fundación aclaró que no rechaza la intervención de inversiones extranjeras en iniciativas productivas dentro de la Argentina, aunque subrayó la importancia de fijar pautas para impedir una concentración excesiva de tierras en manos foráneas.

“La FUCHAD, en lo general, no se opone a que personas de otros países puedan comprar tierras en nuestro territorio para realizar actividades productivas, pero creemos que se debe dar un estricto cupo a dichas ventas”, manifestaron desde la organización.

Asimismo, justificaron su postura en la urgencia de resguardar el suelo como un bien estratégico. “Las tierras son parte de un patrimonio nacional que debe ser protegido para respetar la integridad de nuestro país”, argumentaron.

Exigencias ambientales y soberanía

La institución también solicitó conservar las prohibiciones para la venta de terrenos a extranjeros en áreas de frontera y en zonas próximas a recursos hídricos, al entender que se trata de locaciones que demandan una salvaguarda especial.

Dentro del mismo texto, la entidad subrayó la relevancia de implementar controles ecológicos sobre las labores económicas que se llevan a cabo en dichos predios, exigiendo que las normativas aseguren el cuidado de los ecosistemas y eviten perjuicios al medio ambiente.

En detalle, manifestaron inquietud ante las operaciones mineras e hidrocarburíferas, catalogándolas como actividades de riesgo contaminante, y exigieron una presencia constante del Estado para atenuar su impacto. Dicha advertencia abarcó también a las labores agropecuarias, sector para el cual pidieron instaurar herramientas de defensa del suelo, los bienes naturales y la salud de la población.

Partiendo de estos fundamentos, la Fundación Chadileuvú concluyó que resulta indispensable restituir la vigencia total de la normativa aprobada en 2011.

“Creemos que la Ley 26.737 debe ser restablecida en su integridad por ser sabia y defender nuestra soberanía”, sostuvieron.

Para finalizar, la institución aclaró que el texto funciona como un aporte al debate público surgido a raíz de las objeciones planteadas contra el DNU 70/2023 y su impacto en la propiedad rural. El escrito cuenta con las firmas de Alberto Golberg y Héctor Gómez, presidente y vicepresidente de la Fundación Chadileuvú, respectivamente.