Piden la detención de Luis Caputo y Santiago Bausili por operaciones financieras con oro en el Banco Central

El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, por presuntas irregularidades en las operaciones con derivados financieros vinculados al oro realizadas por la entidad durante 2025. El pedido también alcanza al director del organismo, Juan Curutchet, y se integra a una ampliación de denuncia penal que deberá analizar la Justicia.

La presentación judicial se originó a partir de la aprobación de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025. Según los datos incluidos en el escrito, las operaciones con derivados cuyo activo subyacente fue el oro arrojaron un saldo negativo de aproximadamente US$ 1.023 millones, acompañados de egresos de divisas.

Dalbón remarcó la necesidad de reconstruir el trayecto de cada operatoria financiera, identificar a los intermediarios intervinientes, precisar el monto abonado en comisiones, conocer los criterios de contratación y determinar quiénes tomaron las decisiones. “No alcanza con ponerle la etiqueta de cobertura; hay que mostrar los contratos, las decisiones y las liquidaciones”, expresó al cuestionar la explicación oficial.

La solicitud comprende posibles delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de proponer la investigación de una eventual asociación ilícita, cuya calificación jurídica final quedará a criterio de las autoridades judiciales.

Las pérdidas millonarias señaladas por la auditoría

El sustento económico principal de la presentación se apoya en los resultados de los derivados financieros de oro operados por el BCRA durante 2025. Conforme a la documentación contable citada, el saldo negativo alcanzó los $ 1.469.155 millones, equivalentes a unos US$ 1.023 millones según los valores del informe.

Dicha cifra se desglosa en dos componentes: $ 1.400.793 millones —aproximadamente US$ 960,2 millones— como resultado negativo de las opciones financieras, y $ 68.362 millones —unos US$ 62,8 millones— en concepto de primas de opciones.

El reporte de la AGN también indicó que el Banco Central pactó derivados liquidables en dólares con propósitos de cobertura y que, al finalizar el ejercicio 2025, ya no conservaba posiciones de esa naturaleza.

A partir de estos registros, el letrado requirió dilucidar la estructuración de los contratos, las contrapartes intervinientes, los límites de riesgo aplicados y la finalidad económica de cada transacción. Asimismo, el escrito contrasta los resultados adversos de los derivados con la ganancia de $ 8.002.500 millones obtenida por la tenencia física de oro en el mismo período a raíz de la variación de su cotización.

Para Dalbón, estas cifras justifican una pesquisa orientada a constatar si las operaciones contaron con el respaldo correspondiente y si generaron un perjuicio patrimonial al Estado, aunque aclaró que el resultado financiero negativo de un instrumento no configura, por sí mismo, la comisión de un delito.

Responsabilidades atribuidas a los funcionarios

La denuncia apunta a esclarecer el rol de las máximas autoridades económicas del Gobierno en el diseño y la ejecución de las operaciones:

• Luis Caputo: se solicitó determinar si impartió directivas, coordinó o conoció la estrategia financiera aplicada sobre las reservas de oro, y de qué modo se articularon las decisiones del Ministerio de Economía con el BCRA, entidad que posee autonomía según su Carta Orgánica.
• Santiago Bausili: se busca precisar si intervino en la propuesta, aprobación, firma o puesta en marcha de los contratos de derivados, mediante el análisis de actas de directorio, informes técnicos y comunicaciones institucionales.
• Juan Curutchet: integrante del directorio y titular de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, cuya supuesta participación en la autorización, control o seguimiento de las operaciones también debe ser investigada.

El pedido abarca, además, a cualquier otro individuo cuya intervención surja de las pruebas y la documentación recolectada.

Medidas cautelares solicitadas

Junto con el pedido de arresto de los tres funcionarios, Dalbón requirió medidas para resguardar la documentación y prevenir interferencias en la causa:

• Prohibición de salida del país.
• Restricción de acceso a áreas específicas del Banco Central y del Ministerio de Economía donde reposen documentos del expediente.
• Prohibición de mantener contacto con funcionarios, auditores o testigos clave.

El abogado fundamentó estas peticiones en el eventual riesgo de entorpecimiento derivado de la jerarquía de los acusados y su acceso a los registros. Adicionalmente, exigió la incorporación de contratos, confirmaciones de operaciones, actas de comités y directorios, informes de riesgo, comprobantes de pago y comunicaciones cruzadas entre el BCRA y la cartera económica. También propuso remitir la auditoría íntegra de la AGN y realizar una pericia contable para evaluar un posible perjuicio estatal.

El pedido de detención no implica la existencia de una orden de arresto vigente, ni una condena o la acreditación de responsabilidad penal, cuestiones sujetas a las decisiones que adopte la Justicia.

La defensa del Banco Central y el antecedente de Marcela Pagano

Frente a los cuestionamientos, el Banco Central defendió su estrategia mediante un comunicado emitido el 8 de octubre, donde sostuvo que los instrumentos funcionaron como cobertura para resguardar las reservas frente a posibles caídas en la cotización internacional del oro. Según la entidad, la posición total en oro arrojó un saldo neto positivo de US$ 2.505 millones en 2025.

El organismo argumentó que las coberturas conllevan un costo y que, ante subas en el precio del metal, los derivados pueden arrojar pérdidas que quedan ampliamente compensadas por el rendimiento favorable del activo físico. Asimismo, indicó que esta metodología se aplica desde 2007 y descartó interpretaciones especulativas.

Por otro lado, la controversia se suma a un antecedente registrado en agosto, cuando la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Caputo y Bausili por el destino de fondos públicos —cerca de $ 4 billones— que, a su entender, carecían de trazabilidad pública suficiente. No obstante, ambos expedientes responden a hechos y objetos distintos en el marco de la administración de los recursos públicos.