Malvinas: la Argentina vence el plazo dado al Reino Unido y prepara su presentación ante un tribunal internacional

La administración de Javier Milei se alista para dar un nuevo paso internacional en el diferendo con el Reino Unido por la extracción de hidrocarburos en los alrededores de las Islas Malvinas. Este lunes 12 de octubre concluye el plazo de dos semanas brindado por la Argentina a Londres para interrumpir las operaciones del proyecto Sea Lion, al tiempo que la Cancillería ultima una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.

El objetivo de la medida es que dicho organismo disponga medidas provisionales para frenar el avance del emprendimiento mientras se sustancia el arbitraje internacional promovido por la Argentina. Pese a esto, la decisión generó dudas entre expertos en derecho internacional, quienes alertan sobre las dificultades para encuadrar la demanda sin rozar de forma directa la disputa territorial sobre el archipiélago.

El vencimiento del plazo no garantiza una intervención automática del tribunal. Para avanzar, la Argentina deberá formalizar el pedido, justificar la urgencia de la solicitud y acreditar basamentos jurídicos para que el organismo actúe con anterioridad a la conformación del tribunal arbitral encargado de resolver la controversia principal.

La estrategia jurídica nacional

El pasado 28 de septiembre, la Oficina del Presidente comunicó que Milei había ordenado a la Cancillería y a los equipos legales iniciar un proceso de arbitraje contra el Reino Unido, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

La meta consiste en frenar la actividad petrolera en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto Sea Lion y cuestionar otras decisiones sobre recursos naturales en la plataforma continental que la Argentina reivindica como propia.

En aquel comunicado, el Ejecutivo ratificó que intimó formalmente al gobierno británico para que frene las operaciones y advirtió que, de no mediar respuesta en el plazo de dos semanas, acudiría al Tribunal del Mar por medidas provisionales.

El plan contempla dos vías diferenciadas: por un lado, el arbitraje internacional de la CONVEMAR, que exige la creación de un tribunal específico; por el otro, la asistencia al organismo de Hamburgo para peticionar acciones urgentes mientras se constituye dicho tribunal.

Esta segunda alternativa concentra las expectativas a corto plazo del Gobierno, dado que el arbitraje de fondo puede demandar años, mientras que las medidas cautelares buscan una respuesta más rápida.

Aun así, la presentación no asegura un fallo favorable, ya que los magistrados evaluarán si existe competencia del tribunal arbitral y si la urgencia justifica su intervención.

El proyecto petrolero Sea Lion

El conflicto gira en torno a la iniciativa impulsada por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, emplazada a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.

De acuerdo con los cronogramas empresarios, el primer rendimiento comercial de crudo se proyecta para 2028, mediante pozos submarinos y una unidad flotante de procesamiento, almacenamiento y descarga.

La Argentina argumenta que estas labores se ejecutan de manera unilateral en un área sujeta a su soberanía y que cualquier explotación exige aval nacional, advirtiendo además sobre posibles daños irreversibles al medio marino y sus recursos no renovables.

En contraste, el Reino Unido desestima el reclamo al señalar que las operaciones hidrocarburíferas se rigen por la legislación británica aplicable en las islas y respetan el derecho internacional, defendiendo a la vez el derecho de los isleños a determinar su futuro político y económico.

Advertencias de especialistas y límites del Tribunal

Pese al optimismo oficial, diplomáticos con trayectoria en la materia manifestaron reparos ante la jugada, tildándola de riesgosa debido a la falta de certeza en los resultados y a los escollos para encuadrar la disputa en la competencia del tribunal.

El principal temor es que un fallo adverso sea instrumentalizado por Londres para legitimar su postura sobre la explotación de los recursos del archipiélago. Asimismo, se alertó sobre eventuales litigios en foros como la Corte Internacional de Justicia o el CIADI si las acciones argentinas contra las empresas involucradas generan nuevas controversias.

Cabe destacar que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar carece de competencia general para resolver la soberanía de las Islas Malvinas, ya que su órbita se limita a la interpretación y aplicación de la CONVEMAR. Por ende, la Argentina debe encauzar su reclamo en los derechos marítimos vulnerados sin requerir un fallo territorial directo, apoyándose en antecedentes de la ONU como las Resoluciones 2065 y 31/49.

El antecedente de la Fragata Libertad

Dentro de la administración nacional recuerdan el caso de 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el país solicitó la liberación de la Fragata ARA Libertad retenida en Ghana.

En esa oportunidad, el tribunal ordenó la liberación del buque en el plazo de un mes. No obstante, las circunstancias jurídicas difieren, puesto que entonces se discutía la inmunidad de un buque de guerra, mientras que el pleito actual involucra actividades hidrocarburíferas y derechos marítimos en un territorio en litigio.

Intensificación del frente diplomático

La decisión arbitral se acopla a otras medidas adoptadas por la gestión de Milei, como el proyecto para endurecer sanciones a firmas operantes en Malvinas, la creación de una base naval integrada en Ushuaia y la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional.

Frente a la intimación argentina, Londres ratificó la continuidad de las actividades económicas en las islas mediante un mensaje transmitido a la embajadora Mariana Plaza. Por su parte, el canciller Pablo Quirno defendió la vía arbitral como una muestra del compromiso nacional con los mecanismos pacíficos, señalando que el Reino Unido debería estar dispuesto a defender sus operaciones ante una instancia independiente.