Negaron el beneficio de salidas transitorias a Eduardo "Toti" Watson, condenado por incendio

La Justicia provincial dictó el rechazo formal al pedido de salidas transitorias promovido por la defensa de Eduardo Alberto "Toti" Watson. El recluso cumple una pena de 9 años de encierro tras haber ocasionado un incendio que puso en serio riesgo la integridad física y los bienes de su expareja y de sus hijos.

Originalmente, Watson había recibido una condena de 12 años de prisión en 2022, aunque en 2023 el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) ratificó la calificación legal pero recalculó y redujo la sanción a 9 años.

Argumentos de la Fiscalía y aspectos legales

La oposición al beneficio fue sostenida por la fiscala Marisol Rodríguez en el marco de una audiencia virtual celebrada por la plataforma Zoom ante el juez de Control Edgardo Trombicki. Durante su exposición, la funcionaria remarcó que el imputado infringe los condicionamientos obligatorios dispuestos en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Nº 24.660).

Entre los principales escollos jurídicos, el Ministerio Público subrayó que el interno carece del Período de Prueba exigido por los artículos 15 y 17 de dicha normativa para acceder a los permisos de egreso del penal.

Evaluación de la conducta y los informes técnicos

La fiscalía expuso un detallado repaso sobre el desempeño de Watson en el ámbito carcelario, evidenciando un retroceso en el esquema de progresividad penal:

• Fases superadas y perdidas: Si bien arribó a la Fase de Confianza en junio de 2025, descendió a Consolidación en marzo de 2026 y concluyó en la Fase de Socialización el 3 de septiembre pasado.
• Concepto y calificaciones: Desde la fiscalía advirtieron sobre dificultades para cumplir las metas del tratamiento, reflejado en un concepto calificado como "Regular" con un guarismo de 4 y caídas sucesivas en su evolución.
• Informes multidisciplinarios negativos: El Consejo Correccional emitió un dictamen unánime adverso, criterio acompañado por el Servicio Criminológico, las áreas de Educación, Trabajo, Seguridad Interna y Asistencia Social.

En relación con el comportamiento dentro del establecimiento, si bien no acumuló sanciones disciplinarias recientes, el sector educativo constató una asistencia de apenas el 47% en el transcurso del año, mientras que los departamentos de Seguridad Interna y Trabajo reportaron interacciones deslucidas y poco respetuosas tanto con el personal como con otros internos.

Fragilidad en el entorno sociofamiliar

El informe social incorporado a la causa reveló diversos puntos críticos respecto al domicilio y las personas propuestas para recibir al condenado:

• Se postuló a una familiar como referente, pero el relevamiento social constató un vínculo de reciente data y sin la solidez necesaria.
• Se registraron restricciones económicas que imposibilitan solventar los traslados requeridos.
• El propio interno retaceó información clave al negarse a brindar los datos de contacto de su hija, a quien había designado originalmente como la persona encargada de retirarlo del penal.

Ante este escenario expuesto por la fiscala Rodríguez y secundado por el querellante particular Nicolás Casagrande Lorences —en representación de la víctima—, el magistrado Trombicki resolvió denegar la solicitud interpuesta por la abogada defensora, Camila Aimar.