Impulsan en la Legislatura un pedido de juicio político contra el ministro José Sappa por el caso La Recova

La Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados de La Pampa recibió formalmente un pedido de juicio político contra José Sappa, juez integrante de la Sala "A" del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial. La presentación fue efectuada por Elba Liliana Ortiz en el marco del prolongado litigio conocido como el caso La Recova.

Los detalles del trámite legislativo

El expediente ingresó el 18 de septiembre de 2026. Tras su recepción, el secretario legislativo, Juan Manuel Meana, constató que se cumplieran estrictamente los recaudos formales exigidos por el artículo 8º de la Ley Provincial N° 1246, verificando la identidad de la promotora y la autenticidad de su firma, los únicos requisitos necesarios para dar curso al procedimiento.

La presentación invoca el artículo 110 de la misma normativa para someter a revisión la conducta del magistrado, a quien se acusa de incurrir en mal desempeño y de vulnerar el debido proceso y las garantías de la parte querellante.

Previamente, la misma denunciante había impulsado procesos destituyentes contra otros integrantes del cuerpo, Verónica Canpo y Fabricio Losi, los cuales terminaron rechazados in límine por mayoría, aunque contaron con el voto favorable del diputado provincial Maximiliano Aliaga para abrir la etapa de instrucción.

El trasfondo del expediente: 27 años de litigio

El origen del reclamo se remonta a la causa caratulada "Ortiz Elba Liliana c/ Corredera Antonio s/ Desalojo". Se trata de una disputa por un inmueble que acumula un trámite ininterrumpido de 27 años sin conseguir la restitución efectiva del bien a su propietaria.

En el escrito presentado ante la Legislatura, se remarca que la actora lleva más de un cuarto de siglo reclamando sus derechos frente a un ocupante que mantiene la obligación de restituir. Los puntos centrales del reclamo por la demora judicial incluyen:

• Duración irrazonable: Períodos de virtual parálisis que menoscaban el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
• Afectación patrimonial: Lesión directa al derecho de propiedad y uso amparado por los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional.
• Desgaste institucional: Una prolongación que, según la denunciante, convierte a la tutela judicial efectiva en una promesa vacía.

La admisión de recursos y el reconocimiento del error

El núcleo de la acusación contra Sappa se centra en su actuación como presidente de la Sala "A" al firmar la resolución del 10 de diciembre de 2025, mediante la cual evaluó un recurso extraordinario interpuesto por la contraparte en los términos del artículo 261, inciso 2º del Código Procesal Civil y Comercial (C.P.C.C.).

Según la denuncia, el magistrado otorgó una admisión inicial "prima facie", pero al reexaminar las condiciones debió constatar que la presentación no cumplía con los filtros de admisibilidad. Dicho criterio fue respaldado posteriormente por el procurador general subrogante, Máximo Paulucci, quien advirtió que el planteo del ocupante distorsionaba las reglas procesales.

El punto más álgido del escrito radica en que el propio Sappa habría reconocido explícitamente en el expediente la existencia de un "error palmario, excepcionalmente grosero y de hecho".

No obstante haber admitido esa falla, el ministro omitió revocar la medida de oficio utilizando las facultades que otorga el artículo 37, inciso 3º del C.P.C.C.. Al optar por mantener el trámite en lugar de enmendar el error de forma inmediata, la Sala profundizó la demora en el análisis de fondo del conflicto.

Con el cumplimiento de los recaudos legales por parte de la Secretaría Legislativa, la Cámara de Diputados deberá definir los pasos a seguir en este nuevo pedido de enjuiciamiento que pone bajo la lupa el funcionamiento del máximo tribunal provincial.