Escándalo en La Pampa: obligan a devolver dinero a jefes comunales que usaron fondos del Estado para comprarse ropa

El Tribunal de Cuentas de La Pampa emitió una orden dirigida al presidente de la Comisión de Fomento de Pichi Huinca, Carlos Oscar Ferrero, y al secretario-tesorero, Aldo Matías Benvenuto, para que devuelvan la suma de $48.000. Ese monto fue empleado en la adquisición de vestimenta destinada de manera directa a ambos mandatarios.

El manejo irregular quedó al descubierto en el marco de la revisión de las cuentas de abril de 2025, situación que quedó formalmente asentada en la Sentencia Nº 2156/2026 dictada por la Sala II del ente fiscalizador y difundida este viernes en el Boletín Oficial.

La auditoría y el destino de las prendas

Durante las tareas de fiscalización, el área de Relatoría detectó la factura por la compra de ropa y exigió a la administración comunal la nómina de los agentes beneficiados. La solicitud requería especificar el detalle de los artículos, el nombre y apellido de cada receptor, su número de DNI y la firma como constancia de entrega.

La información enviada por la propia comuna dejó en evidencia que los destinatarios de la indumentaria habían sido las máximas autoridades políticas del lugar.

Diferencias legales entre empleados y funcionarios

A partir de los datos aportados, la Jefatura de la Sala II determinó que es necesario trazar una línea divisoria entre los trabajadores de planta permanente —protegidos por la Ley 643— y los funcionarios que ocupan cargos de carácter transitorio.

El organismo fiscalizador detalló que la provisión de ropa al personal de planta obedece estrictamente a:

• Razones de seguridad laboral
• Cuestiones de salud ocupacional
• Operatividad propia del servicio

Asimismo, el fallo recordó que la normativa provincial obliga a dichos empleados a utilizar la indumentaria provista para sus labores cotidianas.

La compra de ropa para funcionarios electos no corresponde sea afrontada por la Comuna, indicó el Tribunal al convalidar el cuestionamiento planteado por los auditores.

Sanción, plazos y pasos a seguir

Como consecuencia de esta maniobra, la Sala II dictó un cargo solidario por los $48.000 contra Ferrero y Benvenuto en su condición de presidente y secretario-tesorero.

La normativa fijó un periodo improrrogable de diez días hábiles a partir de la notificación oficial para que ambos realicen el depósito del dinero y presenten los comprobantes correspondientes ante el Tribunal. Como vía alternativa, los implicados tienen la potestad de interponer un recurso de revocatoria amparados en el Decreto Ley Nº 513/69.

El organismo advirtió que, en caso de vencer los plazos establecidos sin que se efectúe el reintegro de los fondos ni se presente una impugnación legal, el expediente será girado al Fiscal de Estado para dar inicio a las acciones judiciales pertinentes.