Las cámaras del Congreso Nacional se alistan para recibir las iniciativas comunicadas por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional del jueves, en la cual el mandatario reinstaló la cuestión Malvinas en el centro de la discusión política.

El paquete de medidas y las sanciones a empresas

El conjunto de iniciativas incluye un endurecimiento de las sanciones contra aquellas compañías que participen en actividades hidrocarburíferas en las islas sin la debida autorización argentina, una ampliación de dichas restricciones hacia las empresas proveedoras y un proyecto orientado a la defensa de la soberanía nacional. A estas acciones se le añade el fortalecimiento de la infraestructura militar en la provincia de Tierra del Fuego.

La propuesta oficial apunta especialmente contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado en la cuenca norte de las Malvinas por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Dicha iniciativa prevé iniciar su primera etapa de producción en el año 2028. El Gobierno argumenta que el avance de este proyecto representa la explotación de recursos naturales considerados propios en un área cuya soberanía continúa en disputa.

Las penalizaciones no solo alcanzarán a las firmas desarrolladoras, sino también a sus proveedores y prestadores de servicios. Entre las disposiciones previstas figura la prohibición de que las empresas sancionadas puedan contratar posteriormente en territorio argentino, tanto con organismos estatales como con compañías privadas, además de la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia cuando corresponda.

Reacciones en el arco político y legislativo

Distintos sectores opositores cuestionaron el timing político del Ejecutivo y tildaron los anuncios de electoralistas, aunque confirmaron su participación en el debate parlamentario y exigirán la concurrencia de funcionarios del Poder Ejecutivo al Congreso para detallar los alcances de los proyectos.

Un posicionamiento singular provino del diputado peronista Juan Grabois, quien respaldó la postura más firme frente al Reino Unido a pesar de sus cuestionamientos a la gestión de Milei:

“Aunque sea el peor Gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien”, expresó Grabois, quien además calificó el giro de la política exterior oficial como un cambio de 180 grados y sostuvo que los habitantes de las islas son una población implantada sin derecho a la autodeterminación.

Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich respaldó las medidas y advirtió sobre las consecuencias de la inacción:

“Si nosotros dejásemos que esa producción de petróleo comience, estaríamos aceptando el robo de estos recursos naturales y, de hecho, la profundización de una colonización en las Malvinas”, sostuvo.

En la vereda opuesta, la senadora fueguina Cristina López (peronismo) recriminó al Gobierno nacional por el financiamiento en materia de defensa:

“Después de desfinanciar durante tu Gobierno la Base Naval Integrada de Ushuaia, ahora anunciás que vas a construir un Polo Logístico para fortalecer nuestra presencia en el Atlántico Sur”, cuestionó, al tiempo que tildó el paquete de medidas como “todo biri biri”.

El DNU de Defensa y los antecedentes parlamentarios

Además de los proyectos de ley, el Parlamento evaluará el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que amplió el presupuesto del Ministerio de Defensa. La medida apunta a consolidar la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, potenciar las capacidades de telecomunicaciones y ampliar la proyección estratégica hacia la Antártida.

El decreto deberá atravesar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, conformada por ocho diputados y ocho senadores. Dado que el oficialismo y sus aliados poseen mayoría en dicho cuerpo frente a la representación menor del peronismo, se prevé un trámite favorable en esa primera etapa.

La discusión sobre la explotación hidrocarburífera en Malvinas cuenta con un largo historial de proyectos y pedidos de informes en el Congreso a lo largo de más de una década:

• 2012: La entonces diputada Liliana Fadul presentó una iniciativa tras los anuncios de Rockhopper Exploration sobre el proyecto Sea Lion.
• 2017: El diputado peronista Guillermo Carmona consultó al Ejecutivo sobre la actividad petrolera británica y la falta de sanciones. En el mismo año, el senador del PJ Juan Mario País exigió utilizar herramientas diplomáticas y legales.
• 2018: La senadora Magdalena Odarda solicitó que el Gobierno denunciara los planes británicos ante organismos internacionales (iniciativa archivada en 2022).
• Años recientes: Presentaciones de legisladores como Eugenia Alianiello, Sabrina Selva, Marcela Pagano, Jorge Araujo Hernández, Adriana Serquis y Juan Grabois.

De este modo, el Congreso vuelve a debatir el uso de herramientas legales, económicas y diplomáticas para frenar la explotación inconsulta de recursos en las islas, en un escenario donde la oposición cuestiona el momento político pero ratifica su participación al tratarse de una política de Estado.