El proyecto para reformar la Ley de Biocombustibles dio un paso clave en el Congreso nacional tras obtener dictamen este jueves en un plenario de comisiones del Senado. La iniciativa quedó habilitada para ser tratada en el recinto durante el mes de septiembre, aunque continúa generando un profundo rechazo entre las empresas regionales, especialmente en La Pampa, donde operan Pampa Bio (General Pico) y Enresa (Catriló).

Durante las negociaciones, el oficialismo introdujo cambios que estiraron hasta fines de 2035 el período de transición para las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel. No obstante, se mantuvo inalterado el núcleo de la controversia: la reducción progresiva del mercado cautivo actual y la apertura formal a la competencia frente a los grandes conglomerados aceiteros integrados.

Cómo será el esquema del corte obligatorio

De acuerdo con el texto dictaminado, el corte de biodiésel se mantendrá inicialmente en el 7,5% vigente, operado en su totalidad por las empresas no integradas. Doce meses después de promulgada la norma, el porcentaje general trepará al 10%.

A partir de ese momento se implementará el esquema escalonado:

• Hasta fines de 2028: Las pymes conservarán un 6,5% reservado, mientras que el 3,5% restante se abrirá a la competencia.
• Año 2029: El segmento protegido descenderá al 5,5%.
• Año 2030: El porcentaje bajaran al 5%.
• Desde 2031 hasta 2035: El cupo protegido quedará reducido al 3%, permitiendo que las grandes aceiteras disputen los siete puntos restantes del corte obligatorio.

Esta apertura es la principal fuente de preocupación para las plantas pampeanas. Al no estar integradas, estas firmas deben comprarle el aceite de soja —su insumo esencial— a las mismas grandes corporaciones con las que luego competirán, debiendo además afrontar los costos logísticos de trasladar la materia prima desde la región de Rosario hacia el interior del país.

El reclamo de las pymes y la falta de apoyo provincial

Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) desestimaron los cambios introducidos para destrabar las firmas en el Senado. Federico Martelli, referente de la entidad, sostuvo que las concesiones políticas no modifican el fondo del problema y advirtió que las plantas regionales se encaminan a la quiebra debido al achique de la participación del 7,5% al 3% y la ausencia de criterios geográficos en la segmentación.

La entidad nuclea a 25 plantas no integradas que generan unas 900.000 toneladas anuales para el mercado interno, de las cuales las instalaciones pampeanas aportan unas 85.000 toneladas en conjunto. Como contrapropuesta, el sector había impulsado llevar el corte al 12,5%, otorgando un 5% a las 17 pymes regionales, un 2,5% a las 8 compañías no integradas y abriendo un 5% a las grandes aceiteras sin perjudicar el volumen preexistente, una alternativa que finalmente no prosperó.

Calculan en el sector que un mercado protegido de apenas el 3% solo permitirá la subsistencia de ocho o nueve fábricas en todo el país, frente a las 25 que operan en la actualidad.

Impacto federal y contrapuntos

El debate legislativo estuvo marcado por la ausencia de respaldo de los senadores de las principales provincias productoras de biodiésel, tales como Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. En las deliberaciones previas, el senador pampeano Daniel Bensusán y el empresario Tomás Lorda ya habían alertado sobre la asimetría de condiciones frente a competidores que controlan la cadena de insumos.

Por el contrario, el proyecto recibió el respaldo de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), que celebraron la apertura del mercado y el estímulo a la competencia.

En cuanto al bioetanol, la reforma incrementa el corte obligatorio del 12% al 15%, asignando un 6% a la caña de azúcar, un 6% al maíz y dejando el 3% restante abierto a la libre competencia. Para el biodiésel pyme, en cambio, la prórroga hasta 2035 solo ralentiza un proceso que las empresas califican como estructuralmente desigual, dejando en manos del recinto de la Cámara alta una definición crucial para el futuro industrial de General Pico y Catriló.