El punto final a este convenio, que data de 1996, fue puesto unilateralmente por la comuna local y es imprescindible arbitrar los medios para dar respuesta a un problema inminente. Lezcano fue muy claro cuando expresó: “Desde el proyecto de ley, los medios interpretaron la posibilidad de un juicio al Municipio por parte de la Provincia, porque lo que aparece en el texto, desde lo administrativo, es una formalidad técnica para prevenir eventuales conflictos como medida de protección del Estado provincial. 

Eso sí, no existe intención política del Gobierno provincial de usar la vía judicial en la atención de este problema. Es parte de la normativa aplicada en la redacción del proyecto a fin de darle contexto técnico y jurídico al trabajo concreto del plan de contingencia”, cerró el diputado provincial.