Por  Doctor Jorge Luis Vitale. Abogado

 

“La estatización fue en realidad un vaciamiento, una expropiación espúrea”. Además, agregó que “el gobierno actual tampoco divulgó lo que había pasado”.

 

Desde un inicio, hubo maniobras que fueron fraudulentas en la estatización y desde ahí parte el juicio que tuvo su fallo en las últimas horas: “el origen de este juicio es corrupción y carece de legitimidad. El fondo que se ejecuta es con acciones de Eskenazi y la forma de pago era con futuros dividendos. De esta manera, se puede comprar cualquier empresa. Compraron primero 14,9% y luego tenían una cláusula de 10%. Por eso se quedan con un 25% que es el origen de este juicio”. 

 

Ese dinero también fue ilegítimo: “esto no se pagó con dividendos legales, sino que se falsearon, vendieron activos que hicieron figurar como utilidades. Cuando la comisión de valores de Estados Unidos detecta en 2009 que no era correcta la operación, le exige un seguro de caución que constituyen con los famosos fondos de Santa Cruz”.

 

No se trata de la única causa donde Argentina puede terminar perjudicado por las acciones que se llevaron adelante, ya que según el letrado “hay otro juicio que es importante y tiene que ver con la venta de 1.500. millones de dólares DE ACCIONES, con falsos balances y falsos activos”.

 

Lo que dejó claro una vez más es que hubo una maniobra intencionada y este tipo de juicios están teniendo la resolución más lógica: “lo que hicieron fue un vaciamiento. Vendieron activos que teníamos desde el 90 en distintos países como Ecuador, Brasil y Venezuela a precios irrisorios y a empresas que pertenecían en ese momento a Repsol. A través de YPF se han ido más de 70 mil millones de dólares y se dejó un pasivo de más de 25 mil millones de dólares”.

 

¿Por qué los medios no investigan el vaciamiento de YPF y los dos juicios UNO YA SALIO MARTES 10 DE JULIO que están en Cámara en Estados Unidos, ambos perdidos en primera instancia que pueden representar 8000 millones de dólares?

 

En el año 2006 la República Argentina tenía gas para encontrarse provista por 17 años. En ese entonces le vendía gas a Chile a US$ 1. Esta operación se realizaba a través de una empresa, en connivencia con Repsol, a los efectos de descapitalizar y obtener ganancias extraordinarias. Ya en ese entonces, la empresa compradora proveía de gas a los chilenos a US$ 20.

 

 

Agotado el gas en nuestro país, siendo desabastecido de un recurso que duraría 17 años y luego de haberse vendido a un precio irrisorio, la Argentina tiene la necesidad de importar, adquiriéndolo de Bolivia a US$ 5, y de Trinidad y Tobago a US$ 10 y US$ 15.

 

El combustible se había vendido por nuestro país a US$ 12 y la misma empresa compradora lo revendía a US$ 40. Asimismo, se entregaron yacimientos enteros que eran de la empresa (prácticamente regalados), haciéndose pasar por dividendos activos de la empresa. Se pagaron dividendos vía España, Australia y paraísos fiscales, que no eran tales. Si no que era una verdadera descapitalización de la empresa.

 

El capítulo Ezkenazi

 

Los Eskenazi en el año 2007 constituyeron una empresa con el objeto de comprarle el 25% de YPF sin aportar un solo dólar, adquiriendo la empresa con falsas utilidades de la misma.

 

En febrero de 2008 una participación del 14,9% por US$ 2.240.000.000, incluyendo una opción de compra de una participación adicional del 10%. Durante todo este tiempo se llevaron US$ 200.000.000.000, denunciaban un costo de extracción de US$ 7 por barril (medida equivalente a 159 litros de petróleo crudo) y la vendían US$ 42 en el mercado interno una vez destilado, o sea que comprábamos nuestro propio petróleo más caro que al actual precio internacional y con un 700% de sobreprecio desde que sale del pozo hasta que sale de la destilería. Se llevan lo que quieren a simple declaración jurada y con sólo un 30% de ese monto sujetos a retenciones, impuestos y controles, mientras que el 70% restante de esas divisas ni siquiera se rendían en el país y eran de libre disponibilidad.

 

A su vez, hay que agregar el tema de las acciones de los trabajadores al momento de privatizarse en la década del ’90. El 14% de las acciones de los trabajadores fueron vendidas a previo vil a Repsol. Por este motivo, el Congreso Nacional trató el tema de las propiedades participadas de Correo Argentino pero no trató las de YPF, ya que éstas desaparecieron. Y desaparecieron porque lo permitió el mal llamado GOBIERNO NACIONAL Y POPULAR, ya que les quitó a los trabajadores sus acciones por un precio vil. Además de todo el dinero que se llevaron, nos dejaron un pasivo de casi US$ 10.000.000.000.

 

Junto con una demanda millonaria de un fondo común de inversión ante los Tribunales de Estados Unidos por el 25% de los Eskenazi. A la fecha se han pedido medidas cautelares por el orden los US$ 4.000.000.000. De tras de este fondo común se esconderían los Eskenazi quienes pretenden una indemnización por sus acciones y están litigando en Estados Unidos, donde fijó competencia el mismo Néstor Kirchner en sus acuerdos.

 

Como así también otro juicio por la venta de US$ 1.500.000.000 en acciones en el año 2010 y 2011, que luego se descubrió a través de los balances y la documentación que estaba fraguada.

 

Por lo tanto, cuando se descubre el vaciamiento de YPF, las acciones bajaron un 70%. Lo que podría representarnos también otro perjuicio por US$ 2.000.000.000 de pérdida.

 

Como expresamos al inicio, se perdió la producción de gas en un 96% y en un 50% los combustibles lo que hoy nos lleva a millones de dólares en importación.

 

 

En la causa Tarjeta SUBE, luego de desatado el escándalo, se rescindió el contrato y se pasó el control al Banco Nación. Esto representó una pérdida para el país no menor a US$ 600.000.000.

 

En la causa “Sueños Compartidos” (Hebe de Bonafini y familia), se estatizó todo, lo que representó para el país una pérdida no menor de US$ 1.000.000.000.

 

En la causa Boudou-Ciccone, US$ 400.000.000.

 

 

Cuando nuestro pueblo se pregunta por qué no están presas las máximas autoridades del gobierno anterior, la respuesta es que los jueces federales, que tienen estas causas que yo mismo denuncié por acción u omisión, son responsables directos.

 

Todo esto tiene un nombre: latrocinio y traición a la patria. Todas estas expropiaciones sin sentido evitaron construir viviendas, tener mejor salud, más seguridad y más educación.

 

 

La expropiación de REPSOL-YPF representó para la Argentina un grave perjuicio económico. Hasta los españoles dicen que al momento de la expropiación de Repsol la empresa tenía un saldo positivo de US$ 8.813, es decir, se habían llevado ese dinero sin que fueran utilidades; que es una empresa que evade impuestos, que no es una empresa española sino que tiene sede en España, pero además 13 filiales en paraísos fiscales, no respeta el medio ambiente y vulnera a las comunidades mapuches, como sucedió con Cerro Bandera y Loma de la Lata.

 

Todo ésto está corroborado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (O.D.G.), el observatorio de las Multinacionales en América Latina (O.M.A.L.), Ecologistas en Acción (ALSUR-LAS SEGOVIAS y Associacion Catalava D Engimyeriasense Fronteras (E.S.F.) y miles de españoles que se han expresado en contra de la defensa que hacía Rajoy de esta empresa.

 

Esto no tiene otro nombre: ES CORRUPCIÓN. La expropiación de REPSOL-YPF fue realizada para tapar la corrupción, ya que se distribuyeron durante los últimos años utilidades que no existían. Se llevaron más de US$ 12.000.000.000 con esta mecánica y el grupo Eskenazi compró una parte de la empresa sin dinero.

 

Esto está debidamente comprobado por peritos de la Corte Suprema de Justicia y por una ONG que dirige un conocido perito forense. Pero además de eso, el valor según balances es de dólares US$ 2.300.000.000.

 

El valor que tenía al momento de la expropiación era de menos de dólares US$ 4.000.000.000 y el pasivo que dejó Repsol al momento de la expropiación era de US$ 9.000.000.000 y, a las apuradas, el tribunal de tasación dominado totalmente por los K, dijo que el precio era correcto.

 

La mecánica de la corrupción en la Argentina es similar en todos los casos: el dinero se fugó al exterior, ya que era imposible justificar los montos, por los sobreprecios, los retornos y otros rubros. Pero además las causas estuvieron todas planchadas.

 

La expropiación de YPF fue para ocultar la compra sin fundamento y sin dinero que realizó Néstor Kirchner con la familia Eskenazi. Y como si esto fuera poco, se sumó la falta de control en las inversiones y permitir la distribución de utilidades que la privatización no había previsto. Se expropio justamente para todo esto: para evitar investigar todos estos actos irregulares, que son delitos, cuando se hubiera podido rescindir el contrato con Repsol por falta de cumplimiento, sin derecho a ninguna indemnización.

 

 

Todo ésto tiene su fundamento en lo que dicen los distintos organismos internacionales sobre la corrupción en la Argentina.

 

En España, en la causa Gurtel, donde interviene el Juzgado de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del Dr. Pablo Ruz, que investiga el caso Barcenas, por corrupción y sobresueldos, también investiga a la Argentina en especial a esta empresa y otras. En Uruguay, el juez Néstor Valetti, la fiscal Mónica Ferrero y el fiscal Juan Gómez investigan todas estas conexiones:

 

 

Los imputados son funcionarios públicos.

Las empresas imputadas son off shore, es decir, internacionales, porque su constitución se realiza en el exterior y son registradas en la Argentina.

Se vislumbran sobreprecios en el servicio a prestar.

Forma y modo de contratación: puede ser directa o, en el caso de ser por licitación publica, lo hacen de manera totalmente digitada.

La forma y modo de esconder las sumas por los sobreprecios y la corrupción es a través del lavado de dinero, el giro al exterior de estas sumas.

Los fines para los cuales se constituyen estas empresas nunca terminan por cumplirse, salvo el de la corrupción.

Ninguno de estos hechos fue investigado por los fiscales de oficio o por la Fiscalía de investigación financiera.

En todos estos contratos hubo ausencia de contralor. Es decir, no hubo intervención de la UIF, AFIP, IGJ. En la causa Ciccone hubo ausencia por parte de la Casa de la Moneda.

El Gobierno Nacional reconoció las irregularidades -delitos- y producto de ello es que han sido rescindidos los contratos con las empresas intervinientes en el caso Schoklender y en el caso SUBE.

Mientras que en el caso Boudou-Ciccone dictó un decreto para expropiar, como en el caso de YPF-REPSOL. Pero en ninguno de estos cuatro casos ha hecho referencia al perjuicio económico que se ha producido al estado por esos contratos.

La ratificación de un ex socio, Ricardo Paz Herrera

“Esto no es la ruta del dinero K, es la autopista…”, afirma Ricardo Paz Herrera, un pequeño accionista de YPF, en un video que envió a Infobae. “El caso Petrobras es insignificante al lado de esto”, insiste.

 

Y denuncia un megafraude en la petrolera durante la década ganada. En el video, de manera casi didáctica, relata una serie de maniobras a través de las cuales funcionarios delos gobiernos kirchneristas se habrían “robado” 46 mil millones de dólares.

 

Pero, ¿quién es Paz Herrera? Es un accionista minoritario de YPF que se animó a denunciar las supuestas irregularidades que se habrían desencadenado durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, con Axel Kicillof y Miguel Galuccio como actores de reparto.

 

Según los datos recogidos, Paz Herrera sospecha que se cometieron diversos delitos como “robo de los activos de YPF”, defraudación, evasión, lavado de dinero, fraude a los inversores extranjeros y fraude a los más de 30 mil trabajadores.

 

Además, le imputó las consecuencias económicas que sufrió el país, entre las cuales enumeró: “Pérdidas del autoabastecimiento, importación de energía, pérdida de reservas del BCRA, cepo cambiario, restricción de importaciones, recesión y constantes aumentos de las tarifas de gas y combustibles”.

 

Paz Herrera sostiene que la expropiación, decidida por Cristina Kirchner y avalada por la mayoría kirchnerista del Congreso de la Nación, fue para tapar estos desaguisados y no parte de la “gesta nacional y popular” como quiso informar el relato kirchnerista.

 

Este fraude -según su denuncia- se habría concretado fundamentalmente a través de tres operatorias:

 

Exportaciones a “precio vil”. El gas y el petróleo de YPF lo exportaban a bajísimo precio a compañías vinculadas a Repsol en el exterior. Luego esas empresas lo vendían al verdadero valor que tenían en el mercado, obteniendo de esa manera ganancias millonarias fuera del país; pero a la contabilidad de YPF sólo ingresaban los montos correspondientes a las operaciones hechas al “precio vil”. Según un informe de la Auditoría General de la Nación, YPF bajo el control de Repsol, exportaba el barril de petróleo a la mitad o menos aún del valor de referencia internacional. Esta modalidad fue denunciada por la AGN en por lo menos tres contratos en los que YPF exportó por un total de US$ 1.109.491.409 a la mitad de su valor de mercado.

Transferencia de patrimonio. Repsol transfirió a su patrimonio y al de empresas vinculadas los yacimientos que YPF tenía en el exterior. YPF había comprado en los 90 yacimientos en Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia y Rusia. Esas adquisiciones se hicieron cuando el valor del barril de crudo era de US$ 20; y cuando Repsol los pasó a su patrimonio el precio del barril era de US$ 100, con lo cual se hizo de una millonaria utilidad.

 

Cobro de exorbitantes y legalmente cuestionables dividendos, muchos de ellos superiores a las ganancias reales de la compañía, pagos de honorarios millonarios a sus directores, pago de facturas apócrifas a proveedores inexistentes y el pago de sobreprecios a proveedores.

 

Los fondos obtenidos a través de estas maniobras -según la denuncia de Paz Herrera- se habrían girado a cuentas en España, Estados Unidos y Australia. El dinero se giraba a una sociedad comercial radicada en Madrid que a su vez era controlada por otra con domicilio en Australia. Las acciones de esta última eran al portador y se sospecha que eran del matrimonio Kirchner.

 

Todo este desmanejo provocó que bajaran las reservas de gas de 17 a 7 años y la producción de gas y petróleo se redujeron un 50 por ciento. YPF pasó a tener una deuda de US$ 9.000.000.000 y con dinero en caja para afrontar sus costos durante sólo 22 días. Frente a este panorama tan oscuro, comenzó a planificarse la retirada de Repsol de YPF.

 

A fines de 2010 Repsol vendió el 17% de sus acciones a inversores norteamericanos, operación en la que -según denuncia Paz Herrera- ocultó información relevante. El gobierno de Cristina Kirchner hacía anuncios sobre el hallazgo de nuevos yacimientos y millonarias inversiones que en realidad no existían, provocando que subieran los papeles de YPF.

 

Entonces Repsol vendía a buen precio, a US$ 42 cada acción. Al poco tiempo, y al conocerse la verdadera situación de la compañía, las acciones se desplomaron hasta los US$ 11 por cada cartular.

 

La maniobra habría seguido de la siguiente manera: Cristina Kirchner culpó del vaciamiento de YPF a Repsol y por lo tanto era necesario expropiar la empresa. A cambio, el Estado Argentino le tuvo que pagar una “indemnización” de US$ 5.000.000.000 a Repsol.

 

Ese acuerdo se plasmó en un convenio que Miguel Galuccio y Axel Kicillof le hicieron firmar a la empresa en 2014 en el que Repsol no hacía ninguna concesión mientras que YPF renunciaba a cualquier tipo de reclamo contra la empresa española.

 

Pero aún falta el último paso para completar este multimillonario fraude del que -según Paz Herrera- habrían sido partícipes los Kirchner. Era necesario encubrir toda la operatoria a fin de lograr impunidad.

 

Para lograr ese plan, Cristina Elisabet Kirchner habría contado con la complicidad de Miguel Galuccio, Axel Kicillof y el resto de los directores -nombrados por la entonces Presidente de la Nación- de estrechos vínculos con Máximo Kirchner y miembros de La Cámpora.

 

De acuerdo con la denuncia, para encubrir el saqueo a YPF este grupo de personas habría incurrido en violaciones al estatuto de la empresa, a la ley de Sociedades Comerciales y a regulaciones del mercado de valores de la Argentina y de los Estados Unidos.

 

Pero eso no es todo. En abril de 2015, es decir pocos meses antes de que el kirchnerismo dejara el gobierno, Galuccio, Kicillof y los jóvenes de La Cámpora dispusieron que fuera la propia YPF, y no una compañía de seguros -como se suele hacer-, la que les permitiera mantenerse indemnes en caso de cualquier reclamo que les pudieran hacer en forma personal.