Por Jorge Elias, periodista especializado en periodismo internacional.

 

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde 2013, se legitimó a sí mismo hasta 2025 en unas elecciones amañadas, no reconocidas por gran parte de la comunidad internacional. Enfrente tenía a Henri Falcón, ex ladero de Hugo Chávez, ex alcalde de Barquisimeto y ex gobernador del estado de Lara. Un disidente que se marchó tanto de las filas del oficialismo en 2010 como de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) en 2018. En este caso, en rechazo a la decisión de no participar de estas elecciones para no convalidar las supuestas facultades plenipotenciarias de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

 

Falcón denunció irregularidades y no reconoció el proceso electoral "como válido". Pidió que se repita. Votó menos de la mitad del electorado. También tenía enfrente Maduro a Javier Bertucci, evangelista, dueño de empresas de suplementos médicos y alimentos. Falcón y Bertucci, entre otros candidatos, parecían funcionales, de poca monta frente a Maduro, en un país con una hiperinflación apabullante en el cual sólo el hambre y las necesidades insatisfechas se cotizan en alza, cobrándose la vida de decenas de personas por falta de alimentos y medicinas. La emigración creció entre 2015 y 2017 de 700.000 venezolanos a un millón y medio. Un 110 por ciento, según la Organización Internacional para las Migraciones.

 

En 2016, Maduro se valió del Consejo Nacional Electoral (CNE) para anular el referéndum revocatorio en su contra y postergar las elecciones regionales. En 2017 abolió el requisito constitucional por el cual debía consultar al pueblo para convocar la ANC. Ambas prerrogativas fueron instauradas por su gobierno tras perder las elecciones de 2015. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), montado con ese fin, no hizo más que recortarle poderes a la Asamblea Nacional. El régimen utilizó en estas elecciones y las anteriores el Carné de la Patria para asegurarse el apoyo de las clases populares. El documento, en poder de 16 millones de venezolanos, permite acceder a bonos y servicios, así como a las cajas periódicas de alimentos. Se trata de un instrumento político de control social que, a su vez, mide la fidelidad al gobierno.

 

Voceros de la MUD, más allá de su abstención, decían a las 11 de la mañana del domingo: “Recepción de Denuncias arroja que un 80 por ciento de los centros de votación tiene en sus alrededores desplegado un Punto Rojo”. ¿Qué es un Punto Rojo? Una suerte de quiosco “manejado por personal del gobierno en el que se escanea el Carné de la Patria como condición para que los electores reciban bonos, alimentos subsidiados y demás incentivos monetarios. Reportes verificados arrojan que un siete por ciento de los centros de votación incluso condicionan el acceso en la mesa o en el centro a la presentación del Carné de la Patria”.

 

En su momento, las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea contra funcionarios venezolanos lograron que Maduro aceptara participar de un proceso de negociaciones con la oposición. Imposible hablar con alguien que no tiene lo más elemental de un diálogo: palabra. La MUD, cuyos principales candidatos están presos o proscriptos, no quiso someterse a los designios de la ANC. El engendro creado por Maduro para reformar de nuevo la Constitución surgió de elecciones manipuladas, según el contratista del gobierno para el software. Esas elecciones tenían otro fin: disolver la Asamblea Nacional, dominada por la oposición.

 

“Hay revolución pa’rato”, prometió ahora Maduro.