Otro ex funcionario del extinto Ministerio de Planificación tras las rejas: Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio de Vido, fue detenido ayer por orden del juez federal Claudio Bonadio. El ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión fue arrestado por efectivos de la Policía Federal en su domicilio del barrio porteño de Belgrano. Junto al actual diputado del FpV-PJ, que además sumó ayer otro pedido de desafuero, está acusado de los delitos de "defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta" a raíz de sobreprecios en la compra de gas licuado entre 2008 y 2015.

 

De esta forma, Baratta, que comenzó siendo taxista de De Vido con Néstor Kirchner gobernador de Santa Cruz, se sumó al listado de ex funcionarios de Planificación presos que ya integran el tristemente célebre José López (Obras Públicas) y Ricardo Jaime (Transporte).

 

En su fallo, Bonadio sostuvo que De Vido y Baratta "tuvieron en sus manos el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL", generando un perjuicio a las arcas del Estado Nacional. "Baratta fue quien instruyó a Enarsa sobre los volúmenes de GNL que correspondían ser adquiridos y durante qué periodos, en base a estudios previos que le fueron suministrados por la Secretaría de Energía, a cargo de Daniel Cameron", indicó el magistrado, en su resolución.

 

El magistrado agregó que "las pruebas reunidas" en la causa dan cuenta que De Vido y Baratta "idearon y conformaron semejante estructura para importar GNL utilizando a Enarsa en una primera etapa para gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos de GNL y luego tercerizando el proceso en otra empresa -YPF- (...), y a su vez conformada en parte por personal inidóneo (sic) que intervino en este proceso más por sus vínculos con autoridades del gobierno de turno que por sus conocimientos en la materia".

 

Por otra parte, también por decisión de Bonadio, De Vido recibió ayer otro procesamiento con prisión preventiva por esta causa. Por lo que el juez, al igual que ocurrió dos días antes por fallo de la Cámara Criminal y Correccional Federal en la causa de la mina de carbón de Río Turbio, le pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del ex ministro. En su fallo, Bonadio resolvió además trabar un embargo por $ 1000 millones tanto a De Vido como al arrestado Baratta; y también procesó al ex secretario Cameron y el ex ministro de Obras Públicas durante el menemismo, Roberto Dromi, quien ofició de asesor.

 

Por la red social Twitter, De Vido se defendió, volviendo a vincular los avances en su contra con la administración de Cambiemos: "Un nuevo y escandaloso cierre de campaña que busca la privación ilegítima de mi libertad. Son puro odio, impotencia y rencor", escribió.

 

Si bien en julio, el oficialismo no logró reunir los votos necesarios en una sesión para aprobar la expulsión del actual diputado, el camino ahora sí estaría allanado con el requerimiento judicial. Después de que el Vicepresidente de la Cámara baja José Luis Gioja le soltara la mano, otros de sus colegas del bloque del FPV-PJ también se despegaron de De Vido, como la rionegrina María Emilia Soria y los sanjuaninos Sandra Castro y Ramón Tovares.

 

Una de las razones en aquel entonces para rechazar la expulsión del cuerpo, argumento esgrimido por la izquierda también, era que no había un pedido judicial. Ahora sí lo hay. Fuentes de la propia bancada admitían ayer que la situación de De Vido era "complicada" en una nueva sesión, que podría llevarse adelante el miércoles.

 

Este panorama reforzó ayer versiones de que el ex ministro presentaría en los próximos días su renuncia como legislador, si bien en su entorno fueron desmentidas.