Este martes se aprobó en Nueva Zelanda el proyecto de ley que prohíbe las terapias de conversión, que pretenden forzar la orientación, expresión o identidad sexual de los miembros de la comunidad LGTBIQ+. La nueva norma contempla penas de hasta cinco años.

 

Además, la legislación abrirá una vía para que las víctimas puedan reclamar una indemnización por haber sido previamente sometidas a una terapia de conversión.

 

Este proyecto fue una de las promesas electorales de la primera ministra Jacinta Ardern y fue aprobado por 112 votos a favor y 8 en contra.

 

Según lo que dice la ley, serán penados hasta tres años quienes intenten aplicar terapias de conversión a una persona menor de 18 años o incapacitada para tomar decisiones. En el caso de que la terapia cause un daño grave a la persona, cualquiera sea su edad, la pena podría alcanzar hasta cinco años.

 

En declaraciones con la prensa, el viceprimer ministro Grant Roberston expresó que con este proyecto se puso fin “a un error hiriente, insidioso y destructivo”. El funcionario, quien ha declarado públicamente su homosexualidad, sostuvo que la aprobación de la ley “envía un mensaje de apoyo y afirmación del amor a todas las comunidades del arcoíris”.

 

En esa línea, el ministro de Justicia neozelandés Kris Faaloi dijo: “Este es un gran día para las comunidades del arcoíris. Las prácticas de conversión no tienen cabida en la Nueva Zelanda moderna”.

 

En 2018 un estudio realizado por la Universidad de Waitako en Nueva Zelanda reveló que una de cada seis personas transexuales o no binarias manifestaron que un psicólogo o consejero religioso intentó cambiarles su identidad sexual.

 

Cómo es la situación en el resto del mundo

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera a las terapias de conversión como una forma de tortura contra la comunidad LGBTIQ+ y reclaman el fin global de estas prácticas.

 

Actualmente están prohibidas en:

 

Alemania

 

España

 

Suiza

 

Países Bajos

 

Noruega

 

En el caso de Canadá y Francia las leyes están aprobadas pero aún no fueron llevadas a la práctica.

 

Hay nueve países en los que existe una protección constitucional contra la discriminación por orientación sexual, ya sea de forma explícita o por decisión de la justicia:

 

Sudáfrica

 

Bolivia

 

Ecuador

 

México

 

Nepal

 

Portugal

 

Suecia

 

Fiyi

 

Suiza