Una semana clave se iniciará mañana cuando un tándem jurídico que conforman la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, junto a equipos de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría Legal y Técnica, presenten ante la Corte Suprema su defensa a la suspensión de las clases, resistida en la Ciudad. Queda poco tiempo para que el máximo tribunal arbitre: el viernes vence el DNU que, además del regreso a la virtualidad en las aulas del AMBA, establece el toque de queda nocturno. A pesar del "amesetamiento" de casos que creen pronosticar en la administración larretista, en la Casa Rosada no "descartan" que ocurra lo contrario, un endurecimiento de las medidas para limitar la circulación. El "Día D" para evaluar los números de casos de coronavirus será el miércoles, publica hoy El Cronista.

 

El impacto de la segunda ola de Covid-19, por ahora, no forzó a la recomposición del contacto tripartito en la administración de la pandemia en la zona metropolitana. Desde los tres gobiernos (Nación, Ciudad y provincia) hablan de la necesidad del dialogo, pero ninguno quiere ser el primero en levantar el teléfono. Con contactos informales sólo en las segundas líneas, no hay agendada aún una cumbre entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Con el antecedente de la pelea jurídica por las clases, tampoco se puede garantizar que ocurra.

 

En La Plata imaginan que antes del vencimiento del DNU se retomará una dinámica ya conocida: reunión con expertos, intendentes y con Ciudad (no aclaran en qué nivel). "Sabemos lo que nos dirán los especialistas: un cierre estricto. El sistema no da para más", alertan.

 

El objetivo oficial es aplanar la curva de contagios, que había tomado una velocidad vertiginosa, al menos hasta culminar la vacunación de los mayores de 70 años, para lograr bajar la mortalidad. El 70% de ese grupo ya fue inoculado al menos con una dosis, según reporta el propio Gobierno. Se sobreentiende que las restricciones continuarán hasta que esa meta sea cumplida.

 

Lejos del optimismo porteño al analizar los números de la última semana, tanto en la gobernación bonaerense como en la Casa Rosada culpan a Larreta por las estadísticas que podrían ser "mejores", o menos peores. 

 

En ese sentido, apuestan a que el jefe de Gobierno se verá obligado a imponer sus propias restricciones frente a la ocupación hospitalaria que está bordeando niveles más preocupantes que en 2020, por lo que debería ser el primero en ceder para retomar el diálogo. El argumento para explicar su "intransigencia" es político: "(Larreta) decidió judicializar las medidas sanitarias nacionales guiado por una especulación electoral", le reprochó ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en CNN Radio.

 

En Parque Patricios, se sabe, retrucan culpando a Fernández, en este caso de haber tomado una decisión "unilateral" que los empujó a la resistencia. Se amparan en las declaraciones de ministros nacionales que, hasta último momento, defendían la apertura de las escuelas. Uno de los golpeados por el DNU, Nicolás Trotta, admitió ayer: "Cuando el Presidente suspendió las clases presenciales, mis hijos también estaban tristes", reveló el titular de la cartera educativa en Radio 10.