Conflicto por una mansión en Angra dos Reis: Richarlison acusa a Flávio Bolsonaro

El delantero brasileño Richarlison, quien se desempeña en el Tottenham y en la selección de su país, entabló una denuncia pública contra el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro en el marco de una compleja disputa judicial por una mansión situada en Ilha Comprida, en Angra dos Reis, sobre la costa del estado de Río de Janeiro. El futbolista sostiene que destinó cerca de 10 millones de reales a la propiedad y que se quedó sin la posesión del lugar ni compensación económica alguna.

La acusación se conoció el sábado 17 de octubre, momento en el que el atacante difundió un video en sus redes sociales bajo el título de “Justiça”, mediante el cual solicitó la intervención de la Policía Federal para esclarecer lo ocurrido.

Los detalles de la inversión y la denuncia

De acuerdo con el relato del deportista, la maniobra se ejecutó entre 2020 y 2021, en plena pandemia de coronavirus, en sociedad con Alencar da Silveira Júnior —entonces presidente del club América-MG— y Renato Velasco, su exrepresentante. Los fondos habrían sido utilizados para adquirir los derechos de ocupación y refaccionar la residencia.

“Flávio Bolsonaro y este tal Willer Tomaz fueron allí y, en 24 horas, se quedaron con la posesión de la isla”, manifestó Richarlison en su publicación, donde también indicó que previamente había rechazado una oferta para vender el inmueble y cuestionó el desarrollo del proceso judicial.

La respuesta de la defensa y el desafío de presentar pruebas

La réplica no tardó en llegar por parte de Willer Tomaz, el abogado vinculado al senador cuya empresa detenta actualmente la posesión de la finca. El letrado rechazó los señalamientos de Richarlison y lo desafió a exhibir documentación que valide sus derechos sobre el lugar.

Tomaz le otorgó un plazo de 72 horas para presentar antecedentes previos a julio de 2022, tales como:

• Una escritura pública.
• Un contrato de compraventa registrado.
• Una inscripción formal ante la Secretaría de Patrimonio de la Unión (SPU).
• Comprobantes fehacientes del pago de los 10 millones de reales aludidos por el delantero.

“Presente un documento y la isla será suya”, sentenció el abogado en su declaración pública, comprometiéndose a transferir de forma gratuita los derechos del inmueble si se aportaban papeles válidos.

Asimismo, el representante legal aseguró que las firmas asociadas al futbolista no lograron revertir los fallos judiciales sobre la posesión y detalló que su propia compañía desembolsó alrededor de cinco millones de reales para sanear obligaciones pendientes de la propiedad.

La postura de Flávio Bolsonaro y el recorrido judicial

Por su lado, Flávio Bolsonaro deslindó responsabilidades en el conflicto. Allegados al senador afirmaron que este no compró, vendió ni participó como intermediario en la operación, y aclararon que su nombre figuró en el expediente únicamente por haber sido citado en calidad de testigo, calificando de infundada la vinculación entre su figura y el inmueble.

Registros periodísticos brasileños señalan que Bolsonaro visitó la propiedad en 2021 junto a Tomaz, aunque ratificó la ausencia de lazos comerciales. El pleito transitó diversas instancias durante años hasta llegar al Superior Tribunal de Justicia de Brasil. Como las empresas de Richarlison no consiguieron revertir los dictámenes adversos sobre la posesión, una de las partes desistió de la causa en 2025, la cual terminó por archivarse.

Cabe destacar que el terreno pertenece a la Unión brasileña; por lo tanto, el litigio se centra exclusivamente en los derechos de ocupación y posesión, sin implicar la transferencia de la propiedad privada de la totalidad de la isla.

Nuevos pedidos de investigación

El conflicto sumó otro frente cuando el colectivo Derrubando Muros ingresó una representación formal ante el Ministerio Público Federal (MPF). El objetivo es que se examine la tramitación administrativa de los derechos de ocupación para determinar si existió un uso de funciones públicas con el fin de beneficiar intereses privados, figura tipificada en Brasil como advocacia administrativa.

Entre los firmantes de la presentación figuran el jurista Miguel Reale Júnior y el investigador Conrado Hübner Mendes. Desde el colectivo argumentan que el caso amerita una revisión exhaustiva por tratarse de bienes del patrimonio de la Unión, aunque se trata de un pedido de investigación y no de una sentencia judicial que confirme irregularidades o responsabilidades directas de Bolsonaro.