Financiamiento universitario: la Cámara aceptó los planteos del Gobierno y revisará la cautelar

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó una nueva apelación del Gobierno en la causa por el financiamiento universitario. En esta línea, la Sala III ordenó que se tramite el recurso interpuesto contra la decisión del juez Martín Cormick de avanzar con la ejecución de la medida cautelar que exige actualizar los haberes del personal docente y no docente, además de asegurar los fondos destinados a las becas estudiantiles.

Mediante esta resolución, el Estado nacional tendrá la posibilidad de discutir ante el tribunal de alzada dos determinaciones de primera instancia relacionadas con el acatamiento de dicha orden judicial. Por un lado, se cuestiona la intimación para cumplir con la cautelar bajo la amenaza de multas diarias, las cuales habían quedado suspendidas de forma provisoria el pasado 15 de octubre. Por el otro, se objeta la continuidad del trámite de ejecución de la medida.

Los magistrados aclararon que el fallo no emitió opinión sobre el cumplimiento efectivo de la cautelar ni sobre su vigencia actual, señalando que otorgar la apelación no significa “adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar”, por lo que el debate continuará en las instancias correspondientes.

El origen del reclamo judicial

La presentación actual surge a raíz de una providencia emitida el 9 de octubre, en la cual el juez Cormick dispuso elevar a la Cámara la causa principal —donde ya había dictado una sentencia de primera instancia— y, simultáneamente, comunicó a las partes que seguiría adelante con el trámite para ejecutar la cautelar en un incidente separado.

Frente a esta determinación, el Gobierno interpuso una apelación que fue rechazada por el magistrado el 14 de octubre. Ante esta negativa, el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación presentaron una queja formal ante la Cámara para revertir dicha decisión. Finalmente, la Sala III hizo lugar al planteo y concedió la apelación para que sea tramitada en la primera instancia.

Los argumentos del Estado

Durante su presentación, el Estado ratificó que ya dio cumplimiento de manera íntegra a la cautelar. Asimismo, argumentó que la medida contaba con un límite temporal que, según su lectura de la normativa, ya se encuentra vencido. Por este motivo, cuestionó que se mantuviera abierto el proceso de ejecución y advirtió que la intimación pretendía obligarlo a acatar una orden que considera caduca.

El Ejecutivo también advirtió sobre los perjuicios derivados de la resolución de primera instancia, señalando que persistía la amenaza de aplicar sanciones conminatorias en caso de incumplimiento dentro del plazo establecido, a pesar de que —según su postura— no existía una liquidación precisa de las sumas reclamadas. Al considerar que rechazar la apelación podía ocasionar un “gravamen irreparable” al Estado, la Cámara resolvió habilitar su revisión.

Antecedentes de la causa

Esta medida se añade a lo resuelto el 15 de octubre, fecha en la que la misma Sala III admitió otra queja oficial y determinó que se tramitara con efecto suspensivo la apelación contra las multas de $100.000 diarios impuestas al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Dicha resolución mantuvo las sanciones en suspenso mientras avanza el recurso, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión acerca de si el Gobierno cumplió con la manda judicial.

El expediente se originó a partir de una demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759/2025, el cual condicionaba la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso precisara las fuentes de financiamiento. El 6 de octubre, el juez Cormick declaró la inconstitucionalidad de dicha condición y ordenó la aplicación de la ley, una sentencia que ya fue apelada por el Gobierno y que continúa su curso en el expediente principal.