El Gobierno denunciará penalmente a los estudiantes que tomaron la Secretaría de Educación

Efectivos de la Policía Federal Argentina desalojaron este miércoles el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, tras la toma del edificio protagonizada por un grupo de estudiantes universitarios que exigía respuestas presupuestarias al Gobierno.

El conflicto se enmarca en una tensión prolongada entre el Ejecutivo y la comunidad académica. Los manifestantes reclaman la efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, un incremento en las Becas Progresar, la plena aplicación del boleto educativo y mayores asignaciones presupuestarias para residencias y comedores estudiantiles.

La manifestación comenzó con una sentada y derivó en el ingreso al inmueble situado en Pizzurno 935. De acuerdo con los voceros estudiantiles, la acción se desarrolló de forma pacífica tras agotar las vías previas de reclamo, y contó con la participación de delegados y agrupaciones de la UBA, la UNA, la UNLP, la UNQ y la UNSAM.

Durante la jornada, los referentes estudiantiles exigieron un encuentro con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, para conocer los plazos y modalidades de aplicación de la norma. Torrendell recibió brevemente a una comitiva sin arribar a acuerdos, y más tarde se hizo presente en el lugar el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Mientras la permanencia continuaba en el interior, en el exterior se desplegó un operativo policial. El Ministerio de Capital Humano denunció posteriormente la existencia de destrozos en el patrimonio público y calificó la irrupción como un acto de violencia, postura contrastada por los estudiantes, quienes defendieron el carácter pacífico de la sentada.

La postura del Ministerio de Capital Humano

Tras el operativo, la ministra Sandra Pettovello utilizó sus redes sociales para manifestar su rechazo con la consigna “Por la fuerza, nada”, en alusión a una frase del presidente Javier Milei.

La cartera de Capital Humano confirmó la presentación de una denuncia judicial destinada a investigar los hechos, evaluar los daños materiales y deslindar las responsabilidades penales correspondientes.

“No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta”, expresó Pettovello, quien además enfatizó que las manifestaciones deben encuadrarse dentro de la ley y el respeto a las instituciones.

El antecedente del fallo judicial

La protesta estudiantil tuvo lugar un día después de que el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, emitiera un fallo que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario de forma inmediata.

En su resolución, el magistrado declaró inconstitucional el segmento del Decreto 759/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido la normativa, ordenando garantizar los fondos destinados a salarios docentes, gastos operativos y becas.

La norma en cuestión había sido promulgada por el Gobierno luego de que el Congreso insistiera con su sanción tras el veto presidencial. Sin embargo, el Ejecutivo condicionó su ejecución mediante un decreto al argumentar que la ley fijaba aumentos de gastos sin especificar las fuentes de financiamiento, lo que contravenía las reglas de administración financiera.

Para el juez Cormick, dicha estrategia oficial constituyó un mecanismo extraconstitucional para bloquear una ley ratificada por el Parlamento. Frente a esta decisión, el Ejecutivo adelantó que apelará el fallo.

Un conflicto prolongado

Las diferencias presupuestarias entre las universidades y la administración nacional llevan más de un año. Durante este lapso se llevaron a cabo marchas federales, clases públicas y cortes de calles para demandar fondos para salarios y funcionamiento.

Ante la falta de respuestas, los estudiantes decidieron escalar el conflicto con la toma del Palacio Pizzurno. La tensión sumará un nuevo capítulo el próximo 15 de octubre, fecha en la que se convocaría a la quinta Marcha Federal Universitaria hacia el Palacio de Tribunales para respaldar la resolución judicial y exigir recursos.