El oficialismo acelera el debate en Diputados por el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y apunta al recinto

Con el respaldo de un plenario de comisiones, La Libertad Avanza busca obtener dictamen el próximo 14 de octubre y llevar la iniciativa al recinto el 21. La oposición cuestiona varios puntos del texto y reclama la presencia de funcionarios nacionales.
El oficialismo logró avanzar con la discusión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional durante un extenso plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que contó con la participación de diversos especialistas, exfuncionarios y representantes convocados por los bloques.
Desde La Libertad Avanza prevén finalizar el tratamiento en comisión el miércoles 14 de octubre y someter la iniciativa a votación en el recinto el 21 de octubre, en el marco de una sesión que contemplará otros temas de la agenda legislativa.
El cronograma de exposiciones continuará este miércoles a partir de las 11 con la presentación de María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. El texto enviado por el Poder Ejecutivo consta de 133 artículos y plantea modificaciones sustanciales en materia de defensa, inteligencia y seguridad nacional.
Ejes principales y régimen de sanciones
Uno de los puntos centrales de la propuesta es el endurecimiento de las penalidades para personas y empresas vinculadas a la exploración o explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como en sus espacios marítimos circundantes.
La iniciativa propone derogar la Ley 26.659 para instituir un esquema punitivo más amplio. A diferencia de la normativa actual, el nuevo marco no se restringe exclusivamente al sector hidrocarburífero, sino que se extiende a otros recursos naturales tanto renovables como no renovables.
Entre las medidas punitivas se contemplan penas de prisión, multas económicas e inhabilitaciones, además de restricciones para contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales. Asimismo, se prevé la creación de un Sistema de Seguridad Nacional coordinado por un Consejo presidido por el mandatario, orientado a articular políticas de defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura crítica.
Cuestionamientos y reclamos de la oposición
Durante el plenario, sectores de la oposición sugirieron dividir el proyecto en tramos y priorizar el debate sobre el capítulo de sanciones a empresas petroleras que operan en las Islas Malvinas. Por su parte, los diputados de Unión por la Patria Germán Martínez y Agustina Propato exigieron la concurrencia del canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y la secretaria de Malvinas de la Cancillería, Paola Di Chiaro, para que expliquen los alcances de la medida.
Las críticas más severas provinieron del exministro de Educación y diputado Daniel Filmus, quien advirtió que ciertos artículos sobre defensa y seguridad podrían acarrear consecuencias en las relaciones internacionales del país. En contrapartida, desde el Gobierno defendieron la iniciativa al asegurar que dotará al Estado de mayores herramientas para salvaguardar los recursos naturales y la soberanía, estableciendo mecanismos de coordinación frente a amenazas externas.
Del debate también formaron parte representantes del CECIM, el Observatorio Malvinas y el CELS, junto con especialistas en política exterior y defensa.
Tensión en el plenario e iniciativas sobre la conducta parlamentaria
La jornada estuvo salpicada por cruces verbales cuando el legislador oficialista Beltrán Benedit reivindicó la visita que un grupo de diputados libertarios realizó en 2024 a represores detenidos en el penal de Ezeiza. Sus dichos provocaron el rechazo de Germán Martínez y otros integrantes de Unión por la Patria, lo que obligó al diputado oficialista Carlos Zapata a intervenir para dar por concluida la alocución de Benedit.
En paralelo a estos altercados, surgieron propuestas para regular el decoro en las sesiones. La diputada de Provincias Unidas Alejandra Torres presentó un proyecto de resolución para promover el respeto institucional en los debates, mientras que la legisladora libertaria Mercedes Llano propuso penalizar los insultos en el Congreso con la suspensión de la dieta, diferenciando la crítica política de los agravios personales.
Pese a las objeciones y los cruces políticos, el Ejecutivo mantiene firme su hoja de ruta para conseguir dictamen en octubre y debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en el recinto el próximo 21 de octubre.













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