La jueza que dinamitó el nuevo régimen penal juvenil: quién es Laura De Marinis

La jueza Laura Beatriz De Marinis se convirtió en el epicentro de un fuerte temblor político y judicial tras declarar la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil para un caso particular, dictando el sobreseimiento de un adolescente de 14 años que estaba acusado de tentativa de robo. La medida no tardó en desatar duras críticas por parte de funcionarios porteños y concretos pedidos de juicio político en su contra.

De Marinis comanda el Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Su vínculo con los tribunales locales arrancó mucho antes de que alcanzara la magistratura: ingresó al Poder Judicial porteño en 2006, en una época en la que todavía no había concluido sus estudios universitarios, desempeñándose en distintas funciones dentro del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.

La abogada obtuvo su título en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2011 y profundizó sistemáticamente su formación en cuestiones de infancia y adolescencia. Según consta en los antecedentes presentados ante el Consejo de la Magistratura, en 2022 culminó la especialización en Problemáticas Sociales Infanto Juveniles en la misma casa de altos estudios. Asimismo, figura como coautora de un capítulo de un libro enfocado en la Convención sobre los Derechos del Niño y redactó diversos artículos de doctrina.

De la secretaría al estrado: el camino a la magistratura

Antes de ponerse la toga de jueza, De Marinis transitó un largo camino técnico. Desde 2017 ocupó el puesto de prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil, un área dependiente de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

Su salto a la primera línea ocurrió en marzo de 2023, cuando se postuló al concurso para cubrir un juzgado. En la documentación oficial del proceso de selección cosechó 19,30 puntos —de los cuales 16 se explicaban puramente por sus antecedentes profesionales—. Finalmente, el 19 de diciembre de 2023, prestó juramento formal como jueza de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas frente al Tribunal Superior de Justicia porteño.

Entre sus primeros expedientes de fuerte repercusión pública resalta el caso de Carlos Manuel Andrés, el joven que agredió brutalmente a golpes a un playero de 66 años dentro de un garaje en el barrio de Monserrat. En diciembre de 2023, De Marinis intervino para dejar sin efecto la prisión domiciliaria del condenado, imponiéndole además la prohibición de salir del país.

Una mirada polémica y el fallo que encendió la mecha

La magistrada ya había dejado ver su visión sobre el funcionamiento del sistema penal juvenil. En una entrevista concedida este año, reflexionó sobre el rol de los jueces y remarcó que deben operar bajo las normas vigentes, incluso cuando los fallos levantan polvareda. En aquella oportunidad, para explicar su perspectiva sobre el sistema penal, citó una frase de una canción de Lali: “A veces el malo no siempre paga, y a veces no es justo nada”, tras lo cual advirtió que los tribunales trabajan con lo que fija la ley y rechazó simplificar los conflictos bajo la lógica de "buenos y malos".

Esa misma especialización en materia de minoridad fue la que expuso en el concurso ante el Consejo de la Magistratura, donde hizo eje en la importancia de herramientas como la justicia restaurativa y la remisión dentro de los procesos penales juveniles.

Ese andamiaje conceptual desembocó en el fallo que hoy la coloca en el ojo del huracán. El expediente se originó tras un episodio registrado el pasado 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años denunció que cinco jóvenes intentaron asaltarlo. Entre los arrestados figuraba el adolescente de 14 años que ahora resultó sobreseído.

A partir de un planteo formal del Ministerio Público de la Defensa, De Marinis analizó la constitucionalidad del nuevo régimen. Su conclusión fue tajante: argumentó que reducir la edad de punibilidad resulta regresivo frente al estándar previo y transgrede derechos amparados por tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Para fundamentar su postura, la jueza se apoyó en:

• Las directivas del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que en su momento aconsejaron a la Argentina mantener en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal.
• Criterios científicos y jurídicos vinculados al desarrollo propio de la adolescencia.
• El principio de progresividad de los derechos.

La resolución no anuló la Ley Penal Juvenil en todo el distrito porteño, sino que se acotó estrictamente al caso concreto. No obstante, la Fiscalía interpuso una apelación, por lo que el expediente deberá ser examinado por una instancia superior.

La respuesta política no se hizo esperar. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó que impulsará un pedido de juicio político contra De Marinis, al tiempo que el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, adelantó que presentará a título personal un pedido de jury ante el Consejo de la Magistratura. De este modo, una funcionaria con dos décadas de trayectoria en la Justicia local se encuentra hoy en el centro de una tormenta que combina el debate doctrinario, la revisión tribunalicia y un inminente proceso político.