Avanza en La Pampa la adecuación legislativa ante la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Hacienda y Presupuesto de la Legislatura de La Pampa emitió este martes dictamen favorable por mayoría al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa busca modificar la legislación provincial para armonizarla con el flamante Régimen Penal Juvenil nacional, el cual fija en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. Los legisladores que integran la minoría adelantaron que fijarán su postura definitiva durante el debate en el recinto.

Durante la reunión plenaria brindaron informes el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y el director general de Promoción de Derechos Humanos, Alejandro Osio, acompañados por equipos técnicos de sus respectivas carteras. Álvarez remarcó que la provincia atraviesa "un punto de inflexión" a raíz de la sanción de la normativa nacional, aunque aclaró que la administración provincial mantiene reparos sobre su contenido.

"Más allá de que no compartamos su contenido, las leyes, una vez sancionadas, están para cumplirse", sostuvo el ministro Diego Álvarez, quien añadió que el Gobierno pampeano se encuentra trabajando en la preparación del nuevo régimen "desde hace casi cuatro meses".

Modificaciones normativas y complejidad del sistema

Por su parte, Alejandro Osio detalló que el proceso de adecuación provincial exige la modificación de tres normativas fundamentales:

• Ley 3353: correspondiente al Régimen Penal Juvenil.
• Ley 2574: Ley Orgánica del Poder Judicial.
• Ley 2831: creadora del Ente de Políticas Socializadoras y de la Unidad de Abordaje y Supervisión de Personas en Conflicto con la Ley Penal.

El funcionario advirtió que la nueva normativa nacional introduce un escenario de mayor complejidad al articular competencias concurrentes entre la Nación y las provincias. Al fijarse en 14 años la edad mínima de punibilidad, Osio indicó que se producirá una ampliación de la población alcanzada "por partida doble": por un lado, se sumará a los adolescentes de 14 y 15 años que hasta el momento eran considerados no punibles y, por el otro, se incrementará el universo de delitos contemplados al suprimir las restricciones previas.

"Por lo tanto era necesario y es urgente adecuar el sistema normativo para dar acogida a esta nueva población destino", argumentó el director general.

Creación de cargos y fuero específico

El texto normativo contempla modificaciones en materia de reglas procesales, supervisión, asesoría jurídica, competencias de los juzgados y diagramación de los organismos abocados al sistema penal juvenil. Como parte de esta reorganización, el proyecto contempla la creación de:

• Cinco cargos de fiscales adjuntos.
• Cinco cargos de defensores orientados exclusivamente al Régimen Penal Juvenil.

De acuerdo con lo expresado por Osio, la meta es transitar de manera progresiva hacia la consolidación de "un fuero específico y exclusivo" para esta materia, garantizando "especialidad y cercanía" mediante la asignación de competencias a juzgados puntuales. Asimismo, remarcó que el diseño de la propuesta se consensuó con las distintas dependencias judiciales y extrajudiciales involucradas en su ejecución.

En cuanto al espíritu de la normativa, Osio enfatizó que el sistema no persigue un objetivo punitivo:

"La finalidad del régimen penal juvenil no es punitiva, sino que es una finalidad restaurativa y de reinserción social de las personas imputadas por delitos durante la adolescencia", afirmó.

Bajo esa premisa, se determinó la incompatibilidad del juicio abreviado, se establecieron restricciones para los procedimientos de flagrancia y para la conversión de la acción en privada, y se ampliaron los márgenes para aplicar criterios de oportunidad.

Capacitación, formación y el fallo bonaerense

Ante la consulta de la diputada María Laura Trapaglia sobre las acciones de formación previstas, Osio indicó que se instrumentó un curso en conjunto entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), orientado a capitalizar las experiencias de los operadores y anticiparse a posibles inconvenientes operativos. Adicionalmente, mencionó la puesta en marcha de una diplomatura de especialización en Régimen Penal Juvenil para los profesionales que operarán el fuero.

En respuesta a la legisladora Patricia George sobre el impacto de un fallo dictado en la provincia de Buenos Aires que frenó temporalmente la ley nacional en una jurisdicción, Osio aclaró que la resolución de la jueza Marta Pascual posee efectos acotados: "Su fallo en una causa en concreto rige sólo para su circunscripción judicial". Añadió que dicha medida podría ser apelada por el Ministerio Público Fiscal y subrayó que La Pampa debe continuar con su propia sincronización procesal para prevenir escenarios equivalentes.

Otros dictámenes en la jornada legislativa

Durante la misma actividad parlamentaria, las comisiones de Asuntos Agrarios, Hacienda y Presupuesto y Legislación General se reunieron en plenario y aprobaron por mayoría un proyecto destinado a modificar un artículo de la Ley 468 sobre fraccionamiento de predios rurales, cuyos bloques minoritarios también manifestaron que definirán su postura en el recinto.

Por último, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, encabezada por el diputado Daniel Lovera, avaló por mayoría la creación del Programa de Sistema de Salud Inteligente, tema que también mereció reserva de posición por parte de la minoría de cara al debate en la Cámara.