Tensión política tras el freno judicial al Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense

La administración nacional y referentes de La Libertad Avanza expresaron su firme rechazo a la resolución de la Justicia bonaerense que frenó por un plazo de 60 días la implementación del flamante Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La medida judicial se dictó a instancias de un hábeas corpus preventivo colectivo promovido por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, y fue firmada por la jueza Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, apenas 48 horas después de la puesta en marcha de la legislación a escala federal.

El dictamen provocó una respuesta articulada desde el oficialismo, cuyos principales referentes apuntaron directamente contra el gobernador Axel Kicillof y el fuero judicial provincial por frenar una normativa respaldada por el Congreso y reglamentada por el Ejecutivo.

Reacciones del arco oficialista

Una de las voces iniciales en cuestionar la medida fue la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrising, impulsora histórica de la iniciativa. Utilizando su cuenta en la red social X, manifestó: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”. Asimismo, catalogó al sistema provincial de “garantista” y añadió: “Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”.

En la misma línea se pronunció el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien cuestionó la postura del mandatario provincial: “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil”. Y añadió: “En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”. Estas declaraciones contaron con el repudio explícito del presidente Javier Milei.

Por su parte, el diputado nacional Luis Petri calificó a la magistrada a cargo como “kirchnerista” y criticó la resolución: “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”. En tanto, el dirigente Sebastián Pareja caratuló el fallo como “profundamente antidemocrático” y recordó que la normativa surgió de un debate legislativo en el Congreso.

Detalles de la Ley 27.801 y el decreto reglamentario

La disputa política coincidió con la oficialización del Decreto 875/2026, rubricado por Javier Milei, Juan Bautista Mahiques y Diego Santilli, mediante el cual se reglamentó la Ley 27.801. La norma designa al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación, encargada de articular el sistema, dictar regulaciones complementarias y suscribir convenios con jurisdicciones provinciales, universidades y entidades de la sociedad civil.

• Edad de imputabilidad: Los adolescentes pueden responder penalmente desde los 14 años.
• Conductas alcanzadas: Amenazas a instituciones escolares, portación de armas, planificación de ataques, comercialización de sustancias prohibidas y difusión de material íntimo.
• Esquema de sanciones: Se fija un tope de 15 años de privación de la libertad, se prohíbe la prisión perpetua para menores y se exige que el cumplimiento de la pena sea en establecimientos especializados y separados de adultos.
• Alternativas al encierro: Se contemplan la reparación del daño, la realización de tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y la utilización de dispositivos de monitoreo electrónico.

En paralelo, la suspensión dictada por la Justicia provincial continúa vigente. El fallo basó su decisión en la carencia de infraestructura y recursos materiales en el sistema bonaerense para afrontar el incremento proyectado de adolescentes alcanzados por la ley, poniendo bajo revisión las condiciones edilicias, institucionales y profesionales de la provincia.