En el marco de una cadena nacional emitida este jueves, el presidente Javier Milei colocó nuevamente a las Islas Malvinas en el eje de la discusión pública y lanzó una severa advertencia vinculada al proyecto petrolero Sea Lion, una iniciativa impulsada por las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, integradas por capitales británicos e israelíes.

El jefe de Estado señaló que dicho emprendimiento ya cuenta con fechas previstas para dar inicio a sus tareas de explotación offshore, al tiempo que criticó duramente que estas corporaciones avancen sobre los recursos naturales situados en el territorio marítimo cuya soberanía disputa la Argentina.

Ante este escenario, el mandatario fue categórico al manifestar la postura oficial frente al proyecto hidrocarburífero:

“No lo vamos a permitir”

Asimismo, el Presidente hizo hincapié en la urgencia de implementar respuestas inmediatas para frenar la consolidación de la extracción de hidrocarburos en la zona. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, argumentó.

Argumentos históricos y el rechazo a la postura británica

Durante su alocución, el titular del Ejecutivo nacional enfatizó que el archipiélago pertenece al país por motivos históricos y jurídicos, subrayando que la materia no admite debates. En esa línea temporal, recordó los antecedentes fundacionales de la Nación:

• Las islas integraron el territorio argentino desde los inicios del Estado.
• En el año 1833, el Reino Unido concretó la ocupación del archipiélago.
• Durante dicha acción, las autoridades nacionales fueron expulsadas.
• El episodio dio origen a un enclave colonial que se extiende hasta la actualidad.

“En 1833 el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días”, sentenció el mandatario.

Como correlato de esta perspectiva, Milei desestimó de plano uno de los pilares fundamentales de la diplomacia británica en el conflicto, al aseverar que los pobladores locales “no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”.

De esta forma, la declaración presidencial profundiza la divergencia histórica con el gobierno del Reino Unido, el cual fundamenta su permanencia en el archipiélago basándose en la voluntad política de los habitantes de las islas respecto a su propio destino.