El diputado Hernández solicita pronto tratamiento para la figura de “extinción de dominio”

 

Sin perjuicio de las obligaciones derivadas de los pactos internacionales, es de estricta justicia que el estado pueda vender todos los vehículos y propiedades que detraiga de los delitos de corrupción y narcotráfico. Ya se han visto los resultados cuando, aún sin decomisarlos se han atribuido a título de comodato. Pueden citarse como ejemplos el yate que poseía el ex secretario de transporte del kirchnerismo,  Ricardo Jaime que pasó a manos de la Prefectura Nacional o el avión de Lázaro Báez, a disposición de la Policía Federal.

 

No sólo se trata de bienes de la corrupción de los funcionarios públicos, también existen numerosos bienes a disposición de la justicia como consecuencia de la lucha contra el narcotráfico. Se sabe que hay más de 276 vehículos secuestrados  a ex funcionarios acusados de lavado de activos, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito. Asimismo, se contabilizan 676 bienes provenientes de delitos relacionados con el narcotráfico.

 

Este tipo de delitos se caracteriza por la avaricia de los autores y en tanto y en cuanto no se desapoderen registralmente los bienes que se les incautan, la medida no tendrá verdaderos efectos, sin contar que los mismos se deterioran ya que se depositan en galpones y carecen de los cuidados adecuados.

 

Este tipo de delincuentes debe ser desapoderado del 100 % de sus bienes y tendrán a su cargo la prueba de la legalidad de la adquisición de los mismos. Teniendo en cuenta que “la corrupción mata” el producido de dichos bienes debe destinarse a educación, salud y seguridad, ya que es el destino que debieron tener los fondos públicos originalmente.