Familias en emergencia habitacional: desalojo en General Pico y protesta con acampe en la vía pública

Siete personas, incluyendo tres menores de edad, se quedaron sin techo este martes tras ejecutarse un desalojo en una vivienda situada en la intersección de las calles 103 y 40, en la ciudad de General Pico. Como protesta, el grupo familiar instaló una carpa en la vereda de la propiedad con la firme decisión de permanecer allí hasta que las autoridades les otorguen una solución habitacional definitiva.

El operativo judicial y policial se desarrolló durante las primeras horas de la mañana, luego de haber sido postergado en reiteradas oportunidades. Tras sacar sus pertenencias a la vía pública, los afectados procedieron a armar el acampe para reclamar asistencia oficial.

El origen del conflicto y el acuerdo inicial

Una integrante de la familia, identificada como María, explicó que habitaban el inmueble desde hacía aproximadamente ocho años gracias a un permiso otorgado por los propios dueños. Según detalló, los propietarios les habían cedido el lugar en calidad de préstamo mientras esperaban una respuesta habitacional del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), afirmando contar con documentación que respalda dicho entendimiento.

No obstante, la situación cambió drásticamente a raíz de un litigio interno entre los dueños de la propiedad, lo que derivó en la ejecución de la medida judicial.

"Nos desayunamos con una orden de desalojo, como si fuéramos usurpadores, y nosotros no estamos usurpando. La casa nos la prestaron ellos mismos", expresó la mujer.

Imposibilidad de acceso al mercado locativo y reclamo al Estado

María señaló que realizaron diversas gestiones tanto en el municipio como en organismos provinciales, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas favorables. A esta situación se suma un escenario económico adverso marcado por la pérdida de empleos dentro del grupo familiar, lo que imposibilita la contratación de una vivienda en el mercado inmobiliario.

"¿Cómo vamos a sacar nosotros más de un millón de pesos para pagar un alquiler? Somos muchos y no tenemos trabajo", cuestionó. Asimismo, indicó que lleva años inscripta en los registros habitacionales y que, tras el fallecimiento de su esposo ocurrido hace menos de un mes, las autoridades le comunicaron que debía reiniciar los trámites administrativos.

Por último, aclaró que su demanda no apunta a la gratuidad, sino a la posibilidad de acceder a una vivienda abonando cuotas acordes a sus ingresos para garantizar estabilidad a sus hijos y nietos.

"No estoy pidiendo que me regalen ni que me mantengan. Solamente un techo. Si me dan una oportunidad, voy a trabajar y voy a pagar", sostuvo. En tanto no reciban asistencia de las autoridades locales o provinciales, la familia ratificó que continuará apostada frente al lugar del desalojo: "De acá no nos vamos a ir hasta que alguien venga y nos dé una solución".