La Pampa: avalan que las capacitaciones en prisión preventiva acorten plazos para salidas transitorias

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa ratificó que los cursos y capacitaciones concretados por un recluso durante su prisión preventiva pueden computarse para reducir los plazos de acceso a las salidas transitorias. La medida fue resuelta el pasado 4 de noviembre por la Sala B del máximo tribunal provincial en el marco del expediente correspondiente a Brian Nicolás Muñoz, con lo cual se convalida el criterio sustentado inicialmente por la magistrada de primera instancia y ratificado más tarde por el Tribunal de Impugnación Penal (TIP).

El litigio judicial se originó cuando la defensa técnica de Muñoz requirió que se computaran las actividades educativas efectuadas en el periodo de prisión preventiva bajo el régimen de estímulo educativo contemplado en el artículo 140 de la Ley Nacional 24.660, normativa que disciplina la ejecución de las penas privativas de libertad. Dicha herramienta habilita el recorte de los plazos exigidos para progresar en el sistema de cumplimiento de la condena, incluyendo los requisitos temporales para obtener salidas transitorias.

La postura del Ministerio Público Fiscal

Los fiscales Máximo Paulucci (fiscal general) y Marisol Rodríguez (fiscal sustituta) rechazaron dicho criterio al argumentar que las formaciones completadas en la etapa de prisión preventiva no podían trasladarse para acortar los plazos de una sanción penal que aún no se hallaba en curso de ejecución. A su entender, el estímulo educativo no representa un saldo acumulable durante el transcurso de la pesquisa penal para deducirlo de una futura condena.

Asimismo, los representantes fiscales remarcaron que en la instancia de prisión preventiva interviene un juez de garantía y no un magistrado de ejecución penal, motivo por el cual las capacitaciones desarrolladas en ese lapso carecían de la supervisión de un programa de tratamiento penitenciario individualizado. Desde la óptica de la Fiscalía, la resolución contra la que recurrieron contravenía el principio de legalidad y alteraba judicialmente las pautas fijadas por la ley nacional, advirtiendo además sobre el impacto que este criterio podría generar en causas similares.

Los fundamentos del Superior Tribunal de Justicia

Frente a estos planteos, la Sala B desestimó los argumentos fiscales al concluir que no se constataban motivos válidos para permitir la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El cuerpo colegiado recordó que el recurso de casación interpuesto previamente por los acusadores públicos había sido desestimado por falencias formales, y que tal decisorio carecía de los requisitos propios de una sentencia definitiva apta para el análisis extraordinario.

A pesar de ello, el tribunal analizó las objeciones de índole constitucional y destacó que el razonamiento aplicado por la jueza de grado y refrendado por el TIP se sustentó en una exégesis armónica de la legislación penitenciaria, el Código Penal y la garantía constitucional de acceso a la educación. Para el STJ, los fiscales omitieron comprobar que dicho criterio revestía carácter arbitrario o contravenía la normativa vigente, limitándose a manifestar una mera disidencia con la decisión judicial sin configurar una cuestión federal idónea.

Por último, el STJ descartó la existencia de gravedad institucional al estimar que el expediente carecía de los presupuestos extraordinarios indispensables para invocar tal doctrina. Con el rechazo del recurso extraordinario federal interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, el tribunal ordenó el archivo de las actuaciones una vez cursadas las notificaciones de rigor.