Ratifican una multa millonaria a la administradora de Mastercard por rechazar un reclamo por consumos

La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa ratificó una multa de 4.250.000 pesos impuesta a First Data Cono Sur SRL, la firma asociada al procesamiento de transacciones con tarjetas Mastercard, por violar la Ley de Defensa del Consumidor.

El expediente judicial comenzó tras la presentación de una clienta que cuestionó un gasto de 92 dólares efectuado en el extranjero mediante un plástico provisto por el Banco de La Pampa.

Frente a la impugnación de la operación, First Data desestimó el planteo bajo el argumento de que el pago se había validado a través del chip de la tarjeta en un dispositivo habilitado, sumado a la inexistencia de una denuncia previa por sustracción o pérdida.

Ante la ausencia de una contestación adecuada, la damnificada recurrió a la Dirección General de Defensa del Consumidor de La Pampa, organismo que castigó a la entidad por medio de la Disposición 114/2026.

La compañía interpuso un recurso contra la medida y defendió que su rol se acota exclusivamente al procesamiento operativo, careciendo de un vínculo contractual directo con los clientes y señalando que la resolución final compete a la entidad emisora.

No obstante, el juez de Cámara Gustavo Arballo desestimó dichos planteos y determinó que las firmas que forman parte de la red de tarjetas de crédito poseen deberes exigibles hacia los consumidores, aun cuando no operen como emisoras directas.

El magistrado evaluó que los datos facilitados por First Data resultaron exiguos, ya que comprobar el uso de un chip no convalida la identificación fehaciente de quién concretó efectivamente la compra.

En la misma línea, el magistrado indicó que la corporación omitió suministrar un detalle particularizado y comprobable que le otorgara a la damnificada la posibilidad de entender los motivos de la negativa y refutarla de manera adecuada.

El tribunal evaluó asimismo que la empresa acumulaba antecedentes de penalizaciones previas, plasmados en resoluciones emitidas durante los años 2024 y 2025.

De acuerdo con la sentencia, las penalidades económicas deben cumplir un rol disuasivo y evitar constituirse en un mero gasto operativo ordinario para las corporaciones.

Para concluir, el juez Arballo desestimó la apelación de la compañía, ratificó el monto fijado en 4.250.000 pesos y le adjudicó las costas procesales.